El Senado insta al Gobierno a cambiar la Ley de Costas que ampara demoler 5.000 casas

F. J. B. / EUROPA PRESS
El pleno del Senado aprobó ayer por 177 votos a favor (PP, CiU, Entesa Progrés Cataluña, Grupo Vasco y Grupo Mixto) y 75 en contra (PSOE), una moción presentada por el PP por la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Costas de 1988, para que sea compatible proteger las costas con el crecimiento económico y la seguridad del empleo, así como con los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en estas zonas del litoral. La legislación actual amenaza desde hace años 5.000 viviendas en la franja litoral de la provincia.
La iniciativa fue el resultado de una enmienda transaccional de una moción inicial, por la que se reclama flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de ocupación del dominio público marítimo terrestre, para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio publico marítimo terrestre por locales de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos.
Asimismo, la moción pide adecuar la compensación de los derechos adquiridos "de buena fe y de forma legítima" con anterioridad a la aplicación de la vigente ley, "restableciendo seguridad jurídica" que la mayoría de grupos han manifestado, en el pleno del Senado, que falta en la actualidad.
Igualmente, propone que se estudie la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Costas hasta que se pueda modificar la ley 22/1988, cancelando "todos" los actos administrativos.
Durante la defensa de la moción, la senadora del PP Patricia Navarro denunció la "aplicación injusta y arbitraria" de la actual normativa vigente que llevó al anterior Gobierno socialista a poner "en vilo a propietarios de viviendas y negocios".
La diputada popular denunció que mientras que la Ley de 1988 llegó para poner freno a los abusos en las costas, "en todo el litoral se observan ejemplos de la depravación medioambiental porque aprovechando sus ambigüedades o vacíos, sirvió al Gobierno del PSOE para vulnerar los derechos de ciudadanos españoles y extranjeros y a violar el principio de no retroactividad de las normas". A su juicio, la peor consecuencia de esta tropelía no es la legal, sino el drama personal y familiar de quienes ven la expropiación o demolición de su vivienda o negocio sin poder hacer nada.
Por su parte, el senador socialista, Miguel Fidalgo, aseguró que el Gobierno del PP llevará "el 2 o el 9 de marzo al Consejo de Ministros la reforma de ley, por lo que criticó la "precampaña que está realizando, ya que cada reunión del Ejecutivo es una sorpresa de contrarreformas, retrocesos en los avances y libertades con la disculpa de la crisis". Por ello, defendió que la ley "no tiene nada que ver con la crisis ya que ha funcionado perfectamente".