El titular del juzgado de Instrucción número 16 de Valencia, en funciones de guardia, dejó ayer con cargos a las 12 personas detenidas en la última protesta estudiantil, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El magistrado, que empezó a tomarles declaración alrededor de las 15:30 horas, acordó esta medida a la vez que ordenó comparecencias periódicas en la causa que ha abierto por resistencia, desórdenes, lesiones y atentado a la autoridad.
En total, en la jornada del lunes se produjeron 25 detenciones, seis de ellos menores que ya fueron puestos en libertad junto a otros siete jóvenes. Todos estos detenidos se suman a los 17 de la semana pasada, con lo que la cifra total de arrestados hasta la fecha por las protestas en Valencia asciende a 42. La jornada del lunes se saldó también con 13 personas heridas, 11 de ellos agentes, y con la quema de varios contenedores por la zona centro y la avenida Blasco Ibáñez.
Padres de algunos de los detenidos en las protestas están estudiando interponer de manera conjunta una demanda por la actuación policial que consideran «desproporcionada», un asunto que este martes se abordó durante la asamblea de profesores, padres y alumnos celebrada en el IES Lluís Vives de Valencia, junto al que se iniciaron las protestas y primeras detenciones.
Aunque algunos de los progenitores y jóvenes afectados ya han denunciado los hechos de forma individual, un grupo de personas está barajando llevar el caso ante la justicia de manera conjunta. De hecho, han acordado buscar un abogado para «hacer las cosas bien», según señaló una madre que encabeza esta iniciativa. Los padres consideran que la intervención de los agentes, especialmente durante la jornada del lunes –que acabó con 25 detenidos– «no se puede explicar con palabras». «Es muy fuerte, se ensañaron con personas que ni siquiera se estaban manifestando. Esto se ha convertido en un sálvese quien pueda», relata la madre de uno de los menores que fue atendido por los sanitarios tras la protesta.
Además, en la asamblea de ayer en el IES Lluís Vives, los asistentes criticaron «las actuaciones violentas, desproporcionadas y fuera de cualquier lógica democrática» contra adolescentes y menores, «tratados como delincuentes», aseveraron fuentes del colectivo en un comunicado. Ante ello, en la asamblea se expresó «la más enérgica repulsa» a la actuación policial. En el comunicado volvieron a desmentir las declaraciones del jefe superior de Policía, Antonio Moreno, «quien dice que hay cinco policías heridos por agresiones de estudiantes mientras que asegura que las lesiones de los estudiantes son debidas a caídas o tropiezos», algo que, en su opinión, las imágenes y videos «desmienten categóricamente». Por ello, exigieron la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunidad, Paula Sánchez de León, la de Antonio Moreno y la del ministro del Interior, y pidieron responsabilidades a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Desde el IES también avanzaron que durante los próximos días, los esfuerzos «inmediatos estarán dedicados a recomponer la estabilidad psíquica y emocional del alumnado y de sus familias». Por otro lado, el argumentario del PP para responder sobre las protestas que se están produciendo en el centro de Valencia asegura que estas manifestaciones «no se han comunicado en ningún momento y, por lo tanto, son ilegales» y que «cortar el tráfico es delito». Asimismo, considera «preocupante» que los alumnos que hayan participado –«la mayoría no son estudiantes», precisa–, están «librando una batalla que no es la suya, engañados por gente interesada». Según confirmaron fuentes «populares», se trata de un documento facilitado por el PP a los cargos del partido que lo solicitan. Es una comunicación «interna y habitual en de los partidos» sobre petición de ideas acerca de actualidad, por lo que «no se trata de un hecho puntual», según las mismas fuentes.
Mientras, las reacciones por los acontecimientos vividos en las últimas horas en Valencia se fueron sucediendo a lo largo de toda la jornada de ayer en la que sindicatos, partidos políticos y asociaciones de padres y estudiantes pidieron la dimisión de la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León. El secretario general del PSPV y portavoz socialista en las Cortes, Jorge Alarte, exigió el «cese inmediato» del jefe superior de Policía, Antonio Moreno, por llamar «enemigos a ciudadanos libres que ejercían su derecho constitucional». También exigió el cese de Sánchez de León «por incapacidad, por haber consentido o directamente por no haber actuado, es directamente la responsable política de esta situación y tiene que marcharse». Una petición a la que se sumó la coordinadora de EU, Marga Sanz, por haber «sembrado el terror en las calles», y por la «descontrolada situación». Por su parte, el grupo municipal de EU en San Vicente del Raspeig registró ayer una moción de apoyo a las movilizaciones.
En la misma línea se pronunció el portavoz de Compromís en las Cortes, Enric Morera al tiempo que pidió a Fabra «que deje de esconderse». La agrupación también ha pedido la destitución y el despido «inmediato» del director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV), José López Jaraba, por la «manipulación informativa» en RTVV en relación con la noticia.
Los sindicatos de enseñanza también mostraron ayer su repulsa por los acontecimientos. Para UGT-PV Sánchez de León «ha demostrado su incompetencia e ineptitud al gestionar unas manifestaciones pacíficas, donde la mayor parte de los participantes eran menores de edad». Para CC OO-PV «la escalada represora, injustificada representa un grave ataque a los derechos democráticos de reunión y manifestación». Según el sindicato, «reprimir la disidencia ante estas políticas de recortes, nos retrae a momentos predemocráticos».
Para la Intersindical Valenciana tanto Sánchez de León como el jefe de la Policía «mienten reiteradamente cuando criminalizan el alumnado de los hechos ocurridos». ANPE también expresó su «más absoluto rechazo» a los recortes y su apoyo «con firmeza» a todas las protestas «ante el brutal ataque que la educación pública está sufriendo».
Desde el Gobierno central, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, pidió calma, asegurando que el problema de los recortes «no se resuelve con movilizaciones»
Mientras, organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Save the Children han pedido que se investiguen los acontecimientos por si hubo maltrato policial a menores. También abrirán investigaciones el Síndic de Greuges y la Defensora del Pueblo
El Secretariado de Jueces para la Democracia (JpD) consideró ayer necesario investigar judicialmente los «excesos individuales» que pudieran haber cometido agentes determinados, pero también «los posibles excesos por parte de cualquier persona, menor o mayor de edad». En cuanto a las asociaciones de padres de estudiantes, la Fapa de Valencia también se ha sumado a la petición de dimisión de Sánchez de León «por permitir la barbarie policial». La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos calificó de «sinsentido total» la actuación de las fuerzas del orden y la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia recomendó a los jóvenes «que se dediquen a estudiar».
Manifestación en Alicante y protestas en colegios e institutos
A los actos de protesta previstos para hoy en los colegios e institutos de la provincia se suma la manifestación convocada por las asociaciones de madres y padres de alumnos en Alicante en contra los recortes del Consell. La marcha partirá a las 17.30 horas desde el instituto Bahía de Babel, en el barrio de San Gabriel, y concluirá en la dirección territorial de Educación. La protesta cuenta con el respaldo de las dos federaciones de padres, «Gabriel Miró» y «Enric Valor» y de decenas de AMPAs.
