El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha señalado que la violación de una ley tiene que tener "el mismo reproche, aunque la respuesta procesal y penal lógicamente sea distinta, si lo realiza una persona mayor o menor de edad", en referencia a la participación de menores en los sucesos ocurridos en Valencia.
En una entrevista realizada en RNE y recogida por Europa Press, ha explicado que "lo que no podemos decir es que lo que a un mayor de 18 años le consideramos reprochable, esa misma conducta al margen de que tenga un tratamiento penal y procesal distinto, es consentible a un menor al margen de que le queden unos meses para cumplir los 18 años".
Así, ha explicado que "la presunción de quien realice este tipo de actos muchas veces a lo mejor se puede ver desmentida por los datos que darán las fuerzas de seguridad del estado".
Por otro lado, considera que "todo lo que signifique la articulación de un discurso mediante algo diferente a la dialéctica es negativo" y ha añadido que "el estado democrático es quien tiene capacidad de realizar una acción legítima de fuerza, porque todo lo que sea una acción de fuerza que no sea ejercida por el estado democrático en una sociedad avanzada significa una vulneración de la ley".
En esa línea, ha asegurado que "se respetará siempre el derecho de manifestación" a pesar de que cree que "no se debe acostumbrar a que la voz se convierta en un grito, aunque eso sea legítimo, pero que jamás se pase de ese grito a la fuerza".
Igualmente, ha destacado que "se tiene que dar la presunción de actuación legítima siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad porque lo que están haciendo es garantizar los derechos fundamentales". En ese sentido, ha indicado que "hacer un discurso de equiparación como si unos y otros tuviesen la misma legitimidad sería devaluar la acción que están realizando aquellos que la están realizando constitucionalmente".
Asimismo, ha apuntado que "la protesta y la manifestación en la calle es un derecho constitucional" y ha añadido que "no es que tengan que ser consentidos es que tienen que ser defendidos por un gobierno democrático". Sin embargo, ha puntualizado que "de lo que se está hablando es del ejercicio de violencia con personas que pagan con sus impuestos para que se garanticen las libertades y la seguridad".
Finalmente, ha concluido que "lo verdaderamente importante es donde se ha originado esa violencia, que pretendía esa violencia y cual ha sido la reacción de un estado democrático ante un ejercicio de violencia que evidentemente no ha sido ni podría ser nunca la indiferencia".
