La delegación alicantina que participará en el congreso de Sevilla -más de 300 personas, con 188 compromisarios y 130 invitados- tendrá, en esta ocasión, un papel más discreto y se diluirá a la rueda de Alberto Fabra. Hace cuatro años, durante el congreso de Valencia, la lucha interna entre Francisco Camps y Joaquín Ripoll propició que los partidarios del entonces presidente de la Diputación marcaran posición y se alinearan en varias votaciones con el ala dura del PP, encarnada por Esperanza Aguirre, frente al respaldo que Camps ofrecía a Mariano Rajoy. Esa etapa ha pasado a mejor vida. En estos momentos, se están jugando demasiadas cosas y nadie quiere mover ficha antes de tiempo.

La nómina de compromisarios tiene un marcado perfil institucional. El acuerdo al que se llegó, precisamente, pasaba por dar prioridad a la presencia de cargos públicos, nada dispuestos a significarse cuando Alberto Fabra tiene que empezar a tomar decisiones sobre el futuro del PP en la Comunidad. Así las cosas, únicamente se defenderán 46 enmiendas, la mitad que en 2008. Esa cautela afecta, sin duda, a algunos de los principales nombres de la delegación alicantina. Miguel Ortiz está obligado, por orden de Fabra, a mantener la paz y la calma en el PP de Alicante. Se juega, nada más y nada menos, que ser el elegido para ocupar la presidencia de los populares alicantinos, que ahora ocupa de forma interina. ¿Y Castedo? En 2008 tuvo un premio a su, entonces, fulgurante carrera. Entró en una selecta lista de nombres que aprueba el congreso del PP para la Junta Directiva Nacional en detrimento de Ripoll. Su continuidad o no en ese puesto, ahora, puede ser un termómetro de su debilidad.