La Conselleria de Educación ha informado hoy de que se ha "dado orden de pago" de las cantidades correspondientes a la totalidad de los gastos de funcionamiento que quedaban pendientes del año pasado, tanto de centros públicos como concertados.
Así, la consellera María José Catalá ha asegurado que se está procediendo al pago del tercer cuatrimestre de la enseñanza pública -17 millones de euros- y del cuatro trimestre de la concertada -16 millones de euros- de modo que con estos pagos "quedarán satisfechos todos los relativos a gastos de funcionamiento".
Se han abonado además los gastos de comedor y transporte escolar del año pasado, que ascienden a cuatro millones de euros, y los correspondientes al denominado bono-libro, por una cuantía de 13,1 millones de euros.
También los correspondientes a los 126 centros especiales de empleo de la Comunitat, por un importe cercano a los 20 millones de euros, y otros 17,5 millones de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, según las mismas fuentes.
"Estamos muy contentos, porque progresivamente estamos haciendo frente a ese compromiso que adquirimos hace un tiempo con los centros de ir pagando poco a poco e ir normalizando la situación de los pagos", ha indicado la consellera en los pasillos de Les Corts tras comparecer en el pleno.
Catalá ha defendido que en enero se han hecho transferencias por más de 160 millones de euros, sin contar con las que están haciendo estos días, y que ahora están "regularizando la situación" con los centros en la partida referida a suministros básicos.
Durante su comparecencia en el hemiciclo, ha asegurado que trabajará desde el diálogo constante con todos los agentes sociales implicados; ha pedido que se saque a la educación del debate político y ha afirmado que tomará "sin temor" las decisiones necesarias para el futuro "próspero" de las competencias de esta área.
Además, ha pedido al PP que abra conversaciones con la oposición para consensuar de forma previa a su formalización cuestiones como el Plan de choque contra el fracaso escolar, el plurilingüismo y los Centros de Iniciativa Social (CIS), basados en la cesión de suelo público a empresas privadas para la construcción y explotación de colegios.
La consellera ha reivindicado que las consecuencias del decreto ley de reducción del déficit público para esta Conselleria son medidas de carácter "exclusivamente retributivo y transitorio", y no afecta "en ningún momento" a la calidad, ni a las ratios, ni a la dotación del profesorado ni a las actividades extraescolares.
Catalá se ha comprometido además a reducir el absentismo laboral en los docentes; incluir pruebas de conocimiento de inglés y nuevas tecnologías en los procesos de acceso a la función pública docente; implantar el bachillerato de tres años; elaborar un nuevo mapa escolar, y cambiar el modelo de formación profesional.
En materia de empleo, ha dicho que facilitarán la aplicación de las medidas de la reforma laboral del Gobierno central, modernizarán el Servicio Valenciano de Empleo y aplicarán un plan de lucha contra el desempleo juvenil.
La socialista Pilar Sarrión ha lamentado la política de "parches" en los pagos, en los que nunca están al día, y ha indicado que con los CIS se busca "hacer negocio" en la educación.
Josep Maria Pañella, de Compromís, ha calificado de "falta de respeto" el recorte de sueldo a los profesores, y Marga Sanz (EU) ha dicho que el profesorado está "maltratado" y que pagan "justos por pecadores".
Catalá ha replicado que con la rebaja del 50 % de los sexenios los docentes valencianos cobrarán lo mismo que otras comunidades, como Baleares, Galicia o Madrid, y aunque la rebaja del sueldo es "dura", los docentes están remunerados "en condiciones".
