Investigan delitos fiscales por fraudes que suman 45 millones

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ La Fiscalía de Alicante ha investiga a lo largo del anterior ejercicio delitos fiscales que ascienden a 45 millones de euros, según confirmaron ayer fuentes del ministerio público. Las investigaciones por fraude a Hacienda se duplicaron el año pasado al pasar de 14 a 34 denuncias en los juzgados. De todas ellas, al menos ocho se presentaron en el juzgado por los pelos, es decir, cuando estaban a punto de prescribir. Éste es uno de los motivos por los que desde la Fiscalía de Delitos Económicos de Alicante se va a presentar una propuesta para que este tipo de delitos prescriban a los diez años en lugar de a los cinc, tal como está establecido en la actualidad.

En anteriores años, desde la Fiscalía de Alicante ya ha venido planteando la dificultad para investigar este tipo de delitos. Este periódico ya publicó el pasado 8 de enero algunas de las conclusiones que desde el ministerio público se hacía sobre este tipo de delincuencia económica: "Se trata de verdaderas operaciones de ingeniería financiera, organizadas por consumados expertos -juristas y economistas- cuyo desbroce requiere conocimientos muy altos y una dedicación temporal que la dinámica de trabajo no siempre permite".

A esta complejidad se suma ahora el hecho de que a menudo este tipo de denuncias deben ser presentadas con prisas, ya que cuando la Agencia Tributaria acude a la Fiscalía el delito está a punto de prescribir. El año pasado fue especialmente complicado ya que eran ocho, de las 34 denuncias presentadas, las que estaban a punto de cumplir los cinco años marcados para que el delito caduque y ya no pueda ser perseguido. La mayoría de estas ocho se referían al Impuesto de Valor Añadido correspondiente al año 2006. La complejidad de estas denuncias viene reflejada por el hecho de que una de ellas afectaba a decenas de empresas de Elda. El volumen de fraude fiscal se ha duplicado en la provincia, ya que el año anterior el número de denuncias ascendió a 17. Hasta ahora, la mayoría de estos delitos se cometían a través del Impuestos de Sociedades.

Desde la Fiscalía se explica que no es que la Agencia Tributaria inicie las actuaciones a última hora. "Se suele comenzar con la suficiente antelación" pero se producen dilaciones en la tramitación del expediente administrativo que en muchos casos proceden del propio imputado "que pone todo tipo de trabas a la hora de colaborar y facilitar la tarea de inspección", precisan.

La propuesta es que este tipo de delitos no prescriban hasta que no pasen diez años desde que se cometió. Desde el ministerio público se argumenta que en el actual contexto de crisis económica el dinero público es un bien jurídico que debe ser protegido y que aumentando este plazo se podría perseguir más eficazmente este tipo de delitos. Las prisas con las que se acaban presentado estas denuncias impiden que, por ejemplo, desde la Fiscalía se pueda pedir una investigación del patrimonio de los imputados antes de que éstas lleguen al juzgado. "Este informe se acaba pidiendo cuando el juzgado ya ha abierto diligencias y el afectado sabe perfectamente que está siendo investigado", argumenta el ministerio público para sugerir que hay riesgo de destrucción de pruebas.

El fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, respaldó ayer esta propuesta argumentando que el dinero evadido es dinero de todos, "de nuestra educación, de nuestras sanidad". En los últimos años, los fiscales de delitos económicos de otros puntos del país han realizado varias propuestas en este sentido, aunque ninguna de ellas ha sido recogida en las últimas modificaciones del Código Penal.

Los juzgados de la provincia tramitan importantes denuncias de fraude fiscal. Recientemente se ha conocido la acusación contra uno de los supuestos cabecillas de la trama Brugal, Ángel Fenoll, por haber usado sus empresas para defraudar cinco millones de euros a Hacienda entre 2002 y 2004. El empresario se enfrenta a penas que suman 36 años de cárcel. Asimismo, un juzgado de Alicante está a punto de abrir juicio oral a los empresarios Enrique Ortiz y a Rafael Galea de Hansa por un supuesto fraude fiscal en una venta de suelo en la Playa de San Juan. El fraude fiscal del exconseller Luis Fernando Cartagena por las primas únicas o la supuesta trama de facturas falsas en las obras de Terra Mítica por la Sociedad Proyectos Temáticos son otras de las causas abiertas.