Las deudas y los pagos aplazados hipotecan el futuro de la Generalitat que, para poder sanear sus cuentas, tendría que detener su actividad durante cuatro años y destinar de forma íntegra su presupuesto a saldar todas sus facturas pendientes con vencimientos que, incluso, tendrán que pagarse dentro de cuatro décadas. El lastre económico del Consell -los gastos comprometidos con cargo a ejercicios futuros- ya alcanzan los 63.675 millones de euros -una cifra astronómica de más de 10 billones y medio de las antiguas pesetas- con pagos que, incluso, vencen en el año 2057, según se desprende del análisis de una serie de respuestas parlamentarias remitidas por Hacienda al grupo socialista en las Cortes Valencianas y de los resultados de las últimas cuentas generales. Es decir, que el presidente de la Generalitat que resulte elegido cuando se celebren comicios autonómicos en 2055 todavía estará pagando facturas correspondientes a la gestión del actual Ejecutivo autonómico. Una auténtica locura.
Los pagos aplazados -gastos fijos a los que se tiene que hacer frente de forma obligatoria- condicionan el margen de maniobra de la Generalitat y, por extensión, alimentan las tensiones de tesorería. El dinero ya tiene destino y, por tanto, se reduce la disponibilidad de líquido, motivo principal de los impagos a proveedores. La situación es muy complicada. Caótica. Crítica. Un botón de muestra. Para saldar esa inmensa losa de facturas pendientes, la Generalitat, por ejemplo y de acuerdo con el volumen de las cuentas aprobadas en diciembre por las Cortes, tendría que destinar a saldar todos esos abonos el presupuesto de cuatro años completos. Es decir, que, durante ese periodo, toda la actividad de la Generalitat tendría que quedar suspendida para afrontar ese lastre.
Y, en el caso hipotético de que la deuda se saldara mediante una colecta popular, cada valenciano tendría que poner de su bolsillo cerca de 13.000 euros para que la administración autonómica pudiera solventar la delicada situación de sus arcas, las más endeudas de España en relación al PIB y las que registran una deuda per cápita más alta. En los compromisos de la Generalitat que se posponen al futuro figuran todo tipo de obligaciones ya contraídas con bancos y cajas, intereses, proveedores, empresas adjudicatarias... La fórmula para contabilizar los pagos aplazados -en los que no se incluye ni las partidas de personal ni el gasto corriente- se modificó a lo largo del año pasado. Con ese artilugio contable, la Generalitat declaró que su hipoteca era únicamente de 26 millones de euros -cuatro billones y medio de pesetas-, cantidad que, en realidad, de usarse un criterio homogéneo alcanzaría los 47.933 millones de euros, unos ocho billones de las antiguas pesetas.
De esa inmensa cantidad, sólo la proyección de intereses por las operaciones de pago acordadas alcanza hasta 2057, según una respuesta parlamentaria del conseller Vela al diputado socialista Julián López Milla, un total de 23.810 millones de euros, el doble de la deuda emitida hasta finales del año 2010, como aparece reflejado en los datos de la cuenta general. Al Consell, como ya reveló en su día este periódico, la factura de los intereses le cuesta un millón al día.
Pero esa cantidad de 47.933 millones, además, no incluye la hipoteca económica que acumulan las fundaciones y sociedades públicas de la Generalitat, cifra que elevaría el montante en otros 10.489 millones. Ni tampoco el aumento de la deuda financiera durante el primer semestre de 2011 alcanzó los 1.498 millones. Ni el incremento de las facturas sanitarias pendientes de contabilizar por importe de 1.343 millones. Y, finalmente, un volumen de 2.043 millones en compromisos de gastos no reconocidos. Estos dos últimos datos los revela el último informe de la Sindicatura de Cuentas, que se hizo público a finales del pasado mes de diciembre. Todo eso arroja una deuda aplazada por importe de 63.675 millones, una losa muy difícil de levantar que atenaza por completo las cuentas públicas y que tendrá que heredar futuros gobiernos.
La cifra, en cualquier caso, podría ser incluso mayor. Se desconocen, de hecho, datos como los posibles compromisos de pago que hayan adquirido por su cuenta algunas empresas públicas o el incremento de deudas no financieras. No se puede hacer un cálculo preciso. Tampoco se puede contabilizar el endeudamiento no financiera. Ni tampoco la deuda con las farmacias, con facturas de varios meses sin contabilizar, lo que podría sumar a la "bola" de los pagos aplazados de la administración autonómica otros quinientos millones de euros. ¿Para qué ha servido todo este volumen de deuda? De momento, para que la Comunidad ostente el dudoso honor de ser la autonomía de España con más barracones en Educación y con menos camas por habitante en los hospitales.
Con esta situación, a Alberto Fabra no le queda otra salida que mantener la lucha por el control del déficit para liberar fondos que le permitan hacer frente a la situación y saldar las deudas, al menos, con los proveedores. Fuentes del PP apuntaron que, quizá, a lo largo de la próxima semana, el Consell cierre el acuerdo con el ICO para disponer de una línea de crédito que le permita empezar a a saldar pagos pendientes. El fracaso de los planes de control del gasto durante 2011 obligó al PP, después de la victoria de Mariano Rajoy en las elecciones generales del pasado 20-N, a poner en marcha un severo plan de ajuste de más de 1.000 millones. Es muy probable que, cuando se cierre por completo el último ejercicio, el Gobierno de Alberto Fabra tendrá que decidir nuevos recortes para controlar el desfase financiero.
"La gestión del PP sólo conduce a pagar más y recibir menos"
El diputado Julián López Milla, portavoz de Economía del PSPV en las Cortes, denuncia que, en estos momentos, la gestión del PP de Alberto Fabra sólo desembocará en la "quiebra" de los servicios públicos. "Esta política únicamente nos conduce a pagar más y a recibir menos", explicó el parlamentario socialista. En opinión de Julián López Milla, la estrategia económica del PP es "equivocada". "Acumulan, en estos momentos, las arcas autonómicas una montaña de deudas que dificultan notablemente el presente de la Comunidad", apuntó López Milla que, además, entiende que la Generalitat "está condicionando el futuro de muchas décadas para poder pagar facturas". Cabe recordar, de hecho, que existen vencimientos de abonos hasta 2057, dentro de más de cuarenta años. La actual deuda del Gobierno autonómico se alargará más allá de cuatro generaciones. Para el diputado socialista se están "poniendo en peligro los servicios básicos de la ciudadanía con una deuda que supone una losa de la que va a ser muy difícil desprendernos". Julián López Milla recuerda que, en estas condiciones, será muy difícil disponer de "liquidez" para poder hacer frente a los pagos pendientes que tiene la Generalitat y que ese escenario únicamente puede provocar que el Consell, vaticina el parlamentario socialista, tenga que aplicar, casi de inmediato, otra tanda de ajustes. "El Gobierno de Alberto Fabra está desplegando una gestión que, en último término, obligará a los ciudadanos a pagar más impuestos para recibir mucho menos", volvió a reiterar el diputado. P. r. f.
