La Audiencia Provincial está estudiando si una querella contra la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, debe empezar a investigarse en un juzgado de este partido judicial o remitirse directamente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, por ser ésta aforada dada su condición de diputada autonómica. La querella ha sido presentada contra Castedo y el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, por una vecina del Cabo de las Huertas y en ella se denuncia a la alcaldesa por haber permitido presuntamente unas obras en la calle Marrajo que invaden una parcela de suelo verde.
La denuncia parte de otra interpuesta en el año 2007 y por la que Castedo, en calidad de edil de Urbanismo, ya tuvo que ir a declarar en el juzgado, concretamente ante el juez Manrique Tejada, el mismo que investiga las supuestas irregularidades del PGOU. Castedo declaró en su día que era un muro, levantado antes de que se diera la licencia de obra, el que invadía la zona verde, no la construcción, y que éste sería demolido cuando se otorgara la primera ocupación.
La querella se archivó un año después al entender el juez que el delito no se podía cometer en tanto no se firmara la certificación final de la obra, ni la licencia de primera ocupación y se estableciera la correcta alineación del cierre de la parcela. Hasta ese instante, según el juez, no se podía saber si se cumplía con las normas.
Cuatro años después se ha vuelto a presentar la querella alegando que la vivienda ya está ocupada y tiene uso residencial, sin que se haya dado la preceptiva licencia de primera ocupación. La denunciante ha presentado varios escritos en el Ayuntamiento alertando de que no sólo no se ha demolido el muro que invadía la zona verde, sino que las obras de éste se han culminado invadiendo el viario. En la denuncia se acusa a la Gerencia de Urbanismo de consentir a sabiendas el uso indebido de la vivienda sin contar con la preceptiva licencia de ocupación.
La querella recayó en el mismo juzgado que investigó estos hechos en su día, aunque le ha tocado a un juez diferente. El magistrado Ángel Paredes está como apoyo en el juzgado de Instrucción número cinco, dada la elevada carga de trabajo que tiene este juzgado con la investigación de varias macrocausas como el PGOU o la supuesta estafa de Autisa. El juez ha rechazado la querella argumentando de los hechos denunciados constituirían un supuesto delito de prevaricación y que dada la condición de aforada de la alcaldesa correspondería investigarlos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El fiscal respalda el criterio del juzgado.
El abogado querellante, el letrado José Luis Romero, que en otros casos representa la acusación de Esquerra Unida, recuerda que no basta la mera condición de diputado de un imputado para que el TSJ actúe. "El juzgado debe hacer una mínima investigación previa para decidir si la imputación del aforado está justificada", señala el letrado que recuerda que es exactamente lo que el mismo juzgado está haciendo en la investigación del PGOU, donde Castedo es una de las implicadas sobre la que, en su momento, se tendrá que pronunciar el TSJ. El letrado advierte de que trata de evitar que Valencia devuelva la causa a Alicante para que realice esa investigación.
