En el poco tiempo que lleva como presidente de la Autoridad Portuaria, José Joaquín Ripoll ya se ha echado encima las críticas de los vecinos y de los partidos de la oposición por su polémica autorización para instalar una planta de residuos en el Puerto. Tomada la decisión, ahora Ripoll trata de apaciguar las críticas llamando a los líderes de EU y PSOE para tratar de convencerles de la idoneidad del proyecto, al que dio luz verde desoyendo la fuerte contestación vecinal, y emplazarles a una reunión el próximo viernes.

Un encuentro que el portavoz de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, rechazó al asegurar que su postura al respecto de la planta para tratar residuos de los barcos y convertirlos en combustible no variará por más que el presidente del Puerto intentase convencerle ayer de las bondades de la nueva instalación.

Ripoll también quiso tantear al PSOE llamando a su portavoz, Elena Martín, para convocarla este viernes a una reunión en la que intercambiar opiniones sobre la gestión del Puerto. Los socialistas tenían intención de pedir una reunión para trasladarle su posición sobre la planta de residuos y acerca de la modificación del plan especial del puerto. No hizo falta, pues ayer el propio Ripoll contactó con ellos.

Por otro lado, el Puerto anunció ayer que ha procedido a refinanciar su deuda. Fuentes de la Autoridad Portuaria señalaron que se ha reconvertido parte del endeudamiento a corto plazo en deuda de largo plazo. Así, explican que de los 20,3 millones de endeudamiento con los que se cerró 2011, 16,5 millones eran deuda a corto plazo y 3,8 a largo. Con la refinanciación firmada por Ripoll, el Puerto espera terminar el año con sólo ocho millones de deuda a corto plazo y 12,3 millones a largo.

En concreto, desde el Puerto señalan que se ha firmado una póliza con la Caixa de 1,5 millones, un crédito ICO con Bankinter de 2 millones con un vencimiento a los siete años y, con el BBVA, un crédito de 6,5 millones y un préstamo ICO de 5 millones a cinco años. El presidente del Puerto asevera que estas operaciones "se garantiza la viabilidad económica" hasta 2013.