Ortiz aportará al juez el papel que acredita que declaró la venta del Mini a Hacienda

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
El empresario Enrique Ortiz aportará en el juzgado de Alicante la documentación que acredita que se declaró a Hacienda la venta de un Mini a una amiga de la alcaldesa, Sonia Castedo, después de que la Agencia Tributaria comunicara que no encontraba datos sobre la operación. La documentación a la que ha tenido acceso este diario refleja que el juzgado no solicitó el modelo correcto de la declaración tributaria de las empresas de Ortiz. El juez que investiga las presuntas irregularidades del PGOU trata de determinar si el coche fue una dádiva de Ortiz a la alcaldesa o, por el contrario, fue una compra de la asesora, como mantienen las defensas.
El juez Manrique Tejada pidió el 24 de enero a Hacienda que le remitiera las operaciones declaradas por la empresa de Ortiz que realizó la venta del coche el ejercicio fiscal de 2009. Concretamente se solicitaba el modelo 347, una declaración informativa obligatoria de carácter anual para las empresas en operaciones de cuantía superior a los 3.005 euros. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la empresa de Enrique Ortiz declaró utilizando un modelo diferente: el 340, un régimen especial para grandes grupos de empresas que, a diferencia del anterior, se presenta con carácter mensual. En las operaciones declaradas en septiembre de 2009, aparece una factura por importe de 4.310 euros emitida a Julia Castelló, la destinataria final del vehículo, con fecha del día 18. El juez solicitó también el modelo 303 de la declaración del IVA correspondiente a ese mes, sin que se haya podido encontrar tampoco nada. Las fuentes consultadas por este diario puntualizaron que en este modelo no se recogen las operaciones una a una, sino el volumen total.

Entrega de material
Por otro lado, el magistrado ha dado diez días de plazo a la Policía para que presente en el juzgado toda la documentación intervenida en el registro de Cívica, la empresa de Ortiz, en julio de 2010, así como los informes elaborados por el estudio de estos papeles. La diligencia se adopta a petición del abogado de Ortiz, que argumentaba que año y medio después del registro necesitaba saber qué aparece en esos documentos para ejercitar su derecho de defensa.