La Plataforma en Defensa del Puerto reclamó ayer al Ayuntamiento de Alicante y al Consell que paren la construcción de la planta para tratar agua marina y residuos de los barcos contaminados para convertirlos en combustible. Proyecto polémico que anteayer recibió el visto bueno del consejo de administración del puerto por unanimidad, incluidos los votos de los dos ediles de Sonia Castedo en el consejo, Juan Seva y Carlos Castillo, pese a que el propio Consistorio admitió en un escrito el pasado 19 de enero que los residuos que generará la planta tienen el carácter de peligrosos. Los concejales hicieron caso omiso de las 1.500 firmas recibidas hace siete días por la alcaldesa pidiéndole apoyo para no autorizar las obras.
El Ayuntamiento de Alicante ya se había quitado de en medio en el documento hecho público el 19 de enero, y que ayer volvió a repartirse en el Consistorio. La concejala de Urbanismo, Marta García-Romeu, se amparó entonces en la legislación sobre la Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, que otorga las competencias sobre la autorización ambiental de la planta a la Conselleria de Infraestructuras.
La aprobación del proyecto, condicionado a recibir la licencia del Consell en diez meses, levantó ayer, de nuevo, ampollas en la ciudad, sobre todo entre los residentes de las viviendas de Babel y San Gabriel más cercanos a la parcela donde se construirá la planta.
La Plataforma en Defensa del Puerto no descarta acudir a los tribunales y rechazó los argumentos del presidente de la Autoridad Portuaria, José Joaquín Ripoll, quien ha pedido a la empresa que impulsa la iniciativa, la mercantil Marpol, que ponga barreras vegetales "cuando los depósitos miden 9 metros de alto. Lo que queremos es que no se instale una planta en la ubicación actual junto a viviendas, colegios, parques y hoteles", señaló ayer Eliseo Fernández, portavoz de la plataforma.
Por otro lado, el portavoz del grupo municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, acusó al consejo de administración del puerto y a su presidente, José Joaquín Ripoll, de anteponer sus intereses económicos -cobro de un canon concesional- a la protección de la salud y el entorno y a la integración entre el puerto y la ciudad. Pavón tildó de "cínico" el comportamiento de Ripoll "cuando afirma haber recogido el espíritu y una parte importante de las demandas de los vecinos, cuando lo que pedían era simple y llanamente que la planta no se instalara en el puerto".
El edil de EU exigió a Ripoll que "no intente confundir a los ciudadanos" y recordó que "la pantalla vegetal que el presidente del puerto califica como una exigencia que se ha logrado imponer a la empresa ya estaba contemplada en el proyecto inicial de la planta".
El PSOE lo vincula al choque Ripoll-Castedo
El concejal socialista Pablo Rosser calificó ayer de "intolerable que en Alicante haya dos ciudades y dos alcaldes a la greña". Ésta fue la valoración del edil tras conocerse el visto bueno del consejo de administración del puerto a la instalación frente a Babel de una planta para tratar agua contaminada con petróleo y fabricar hidrocarburos de uso industrial. Según Pablo Rosser, "el PP no se ha preocupado nunca por tener un modelo de ciudad, ni por el importante papel que el puerto podría jugar en la misma, y eso está provocando graves problemas a los ciudadanos.
Los vecinos de los barrios colindantes al puerto importan menos, al parecer, que el carbón, y los residuos de los barcos", denunció Rosser. El edil se preguntó si para que vengan los barcos, ¿se tienen que ir los vecinos de sus casas y colegios?". Rosser reiteró que es intolerable la situación de bicefalia Castedo-Ripoll. "No hay dos ciudades y dos alcaldes en Alicante, sólo uno que es el elegido por los ciudadanos, por lo que el puerto y su representante máximo está obligado a sentarse a reflexionar, no s0lo con la alcaldesa, sino con los representantes de los alicantinos".
