La defensa del empresario Enrique Ortiz ha presentado ante el juzgado que investiga las supuestas irregularidades del PGOU un plano del año 2002 en el que ya aparecen esbozados los futuros usos del suelo en el planeamiento urbanístico y con el que se trata de negar la existencia de información privilegiada. En ese documento, que era público, ya aparecía la intención de crear parques naturales en los saladares de Agua Amarga o en Fontcalent, así como crear suelo residencial en Torres de la Huerta o Rabasa.
El documento es el concierto previo que pactaron el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Infraestructuras y en el que el anterior redactor del PGOU, Lluís Cantallops, cuyo trabajo fue rechazado, adelantaba las líneas maestras del futuro planeamiento urbanístico.
El abogado de Ortiz, el letrado Francisco Ruiz Marco, señala que los informes policiales hacen un repaso a la historia del planeamiento de la ciudad, en los que sí se cita el concierto. En este sentido, el informe policial de esta pieza separada del caso Brugal señala que "en el mes de abril de 2001 se realizó la entrega de la documentación de Información Urbanística y Avance, y en sesión plenaria del Ayuntamiento de Alicante celebrada el 15 de marzo de 2002, se adoptaron los criterios que deberían seguirse en la redacción de la Revisión, entregándose la documentación, por el equipo redactor, el 5 de junio del mismo año. La documentación para el Concierto Previo se remitió al Servicio Territorial de Urbanismo el 9 de agosto de 2002. Emitiéndose la pertinente resolución favorable por la Consellería de Territorio y Vivienda el 25 de marzo de 2003". Según el letrado, estas consideraciones han sido obviadas en el cronograma que sobre los hechos más relevantes de la investigación que elaboró la Policía. Por este motivo, se ha presentado una copia del plano a todo color.
El informe policial apunta a que Ortiz recibió una copia del Plan General de Alicante después de que el nuevo redactor del PGOU, Jesús Quesada, lo entregara al Ayuntamiento y cuando todavía no era público. Con el plano aportado ahora al juez, la defensa busca rebatir que el promotor hubiera recibido información privilegiada ya que, según él, lo datos eran públicos y estaban al alcance de cualquier ciudadano.
