Un juez aprovechó ayer que tenía enfrente al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, para decirle lo que pensaba del partido. El magistrado se dirigió directamente a Alarte y le recomendó que arreglara las diferencias que hay en la formación. "A ver si se unen", advirtió el titular del juzgado de Primera Instancia número 22 de Valencia. El magistrado juzgó ayer la demanda que interpuso el exministro Antoni Asunción contra Jorge Alarte por las acusaciones de la dirección del PSPV de que urdió un plan con el PP que incluía hacerlo conseller de Camps.

Antoni Asunción, que ayer no fue a la vista, reclama que Jorge Alarte le indemnice con 6.000 euros por difamación y atentar contra su derecho al honor. El origen de la demanda es una noticia publicada el 8 de enero de 2011, el mismo día que se celebró el comité nacional del PSPV en Elche. La información, que como destacó el letrado de Asunción no fue desmentida, revelaba que desde Blanquerías se acusaba al exministro de formar parte de una operación para desestabilizar el partido diseñada en verano. Fuentes del gabinete de Alarte, según la noticia, aseguraron que el PP, en concreto Rafael Blasco, propuso a Asunción en una reunión celebrada a principios de agosto que optara a la primarias socialistas para desgastar a Alarte con la promesa de que Camps, semanas antes de las elecciones, anunciaría su fichaje para el Consell. En el PSPV vincularon la maniobra a la situación crítica en la que se encontraba la empresa de la que el exministro era accionista y consejero delegado.

El juicio arrancó con el visionado de las declaraciones del comité nacional del 8 de enero de 2011. El juez interrumpió el vídeo, indicó que las declaraciones eran reveladoras de la división y le dijo a Alarte: "Que hay que arreglar la casa". El magistrado añadió: "A ver si se unen". El juez subrayó después que quedaban claras algunas "actitudes dictatoriales". La Fiscalía solicitó al acabar el juicio que se desestime la reclamación del exministro porque "carece de sentido". El abogado de Alarte incidió en que la reclamación era un "disparate jurídico".