La Agencia Tributaria ha comunicado al juzgado que investiga las supuestas irregularidades del PGOU que no tiene datos sobre la venta de un vehículo Mini Cooper de la empresa de Ortiz a una amiga de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, según confirmaron fuentes cercanas al caso.La investigación policial de esta pieza separada del caso Brugal sostiene que este coche fue una de las presuntas dádivas de Ortiz a la alcaldesa en el mes de agosto de 2009, que a su vez se lo regaló a esta mujer.

El magistrado Manrique Tejada inició una investigación para tratar de confirmar la veracidad de las facturas entregadas por esta testigo, Julia Castelló, que declaró que el coche se lo compró su marido al empresario Enrique Ortiz para regalárselo a ella por su cumpleaños. La asesora de la alcaldesa había presentado una factura de 5.000 euros supuestamente abonada a plazos a Cívica mediante varias extracciones de una cuenta bancaria. En este sentido, el juez había pedido documentación tanto a la empresa Cívica como a la Agencia Tributaria para encontrar datos contables que avalaran esta versión. Sin embargo, desde Hacienda han comunicado al juez que no encuentran la información que ha solicitado.

La empresa Cívica, que era la titular del vehículo, ya aportó en el juzgado el diario y el libro de contabilidad en los que aparece reflejada la transacción del vehículo. Preguntado sobre la contestación de Hacienda al juzgado, el abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, expresó su extrañeza dado que tenía constancia de que la operación se declaró en su día a la Agencia Tributaria. "Si Hacienda no lo encuentra, lo presentaré yo mismo", dijo. Concretamente, se trataría del modelo 347 que es una declaración informativa de carácter obligatorio que todos los empresarios deben notificar al fisco para operaciones de cuantía superior a los 3.000 euros. La venta del coche se tendría que haber declarado, dado que el vehículo estaba a nombre de la empresa. El letrado, sin embargo, desconocía ayer el contenido del informe que la Agencia Tributaria había remitido al juzgado. Este informe será notificado en breve a todas las partes que están personadas en el proceso.

El hijo de Alperi no declarará

Por otro lado, el juez Manrique Tejada ha rechazado el recurso del fiscal en el que pedía que el hijo del exalcalde de Alicante declarara como testigo en el caso del PGOU. Oto Díaz ya había sido citado como testigo, pero presentó un escrito ante el juzgado en el que se acogía a su derecho a no declarar contra su padre, Luis Díaz Alperi, motivo por el que el juez acabó suspendiendo la declaración.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sostenía que el testimonio de Oto Díaz era relevante para la investigación y presentó un recurso a la decisión del juez. El magistrado ha acabado desestimando el recurso, recordando el derecho del testigo a no declarar contra su padre. Sin embargo, no descarta que éste pueda ser llamado en un futuro tanto ante ese juzgado, o ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en caso de que Alperi acabe imputado, dado que se trata de una persona aforada por su condición de diputado autonómico.

"Pagamos impuestos y nos interesa saber quién ocupa cada puesto"

"Todos somos ciudadanos de Alicante y pagamos nuestros impuestos. Por eso nos interesa, aunque sea simplemente por conocimiento, quién ocupa cada puesto y si lo hace con todas las garantías". Con estas palabras respondió el juez Manrique Tejada a la petición de las defensas de declarar impertinentes las preguntas que las acusaciones formulaban a Julia Castelló (el día que declaró como testigo en la causa del PGOU) sobre sus méritos para ser ascendida. La testigo pasó de limpiadora a asesora de la alcaldesa, a quien en la actualidad le lleva el correo y la agenda. Castelló, que forma parte del personal de confianza de la Alcaldía, respondió que hizo hasta COU, pero que para ocupar ese puesto no necesitaba otros estudios. "Otros cargos están en mi misma situación y también lo ocupan", respondió. El letrado del PSOE, Fernando Montalvo, preguntó también por los motivos que había para ascenderla en su puesto de limpiadora en una empresa de Ortiz, donde trabajaba antes de ser contratada por Castedo para el Ayuntamiento. El abogado de Ortiz recordó que el ascenso en una empresa privada no es delito y que tampoco llegó a producirse, por lo que pidió que la pregunta fuera rechazada. Sin embargo, Montalvo recordó que la persona que propuso a Ortiz que la ascendiera fue el marido de la alcaldesa. La testigo aseguró que no sabía qué motivos pudo tener el marido de Castedo para llamar a Ortiz y que también desconocía que se hubiera producido la llamada. J. A. M.