El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, reclamó ayer al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cambios en el sistema de financiación a fin de mejorar en los servicios. Según las estimaciones de la Conselleria, la Comunidad pierde un promedio de hasta 44 millones de euros al año por asuntos judiciales que se tramitan en la Comunidad Valenciana y que no revierten después a las arcas autonómicas. El conseller celebró ayer este encuentro para tener una toma de contacto con el nuevo ministro y trasladarle algunas de las inquietudes que tiene la Conselleria con la situación de la Justicia en la Comunidad. Cabré responsabilizó a los anteriores gobiernos socialistas de la falta de financiación.
Entre otras materias, Cabré solicitó a Gallardón que vuelva a la Generalitat el importe de los gastos mobiliarios e inmobiliarios causados por la apertura de nuevos juzgados, así como los rendimientos que generan las cuentas de depósitos y consignaciones de los juzgados y tribunales de la Comunidad, que en cuatro años habrían supuesto unos 25 millones de euros.
También reclamó la reversión del importe recaudado por la tasa por litigar en los asuntos civiles y contencioso-administrativos presentados en los juzgados valencianos. Según la Conselleria, solo en 2010 la cantidad ascendió a 19 millones de euros. Otras cantidades reclamadas para la Comunidad son el importe de las multas que se impongan en procedimientos juzgados en la Comunidad, el producto de la subasta de las piezas de convicción y bienes decomisados a grupos de delincuentes, o la adjudicación de las cantidades depositadas que no se pueden devolver particulares, o que éstos renuncian a recoger.
Cabré explicó al ministro que la Generalitat es partidaria de agrupar servicios en los 36 partidos judiciales que tiene la Comunidad Valenciana y separar jurisdicciones, para optimizar recursos. De esta manera, se podría recudir los movimientos de los fiscales, ya que todos los juzgados de Primera Instancia se encontrarían en una misma localidad, reduciéndose los tiempos de espera para la celebración de juicios rápidos o las comparecencias.
Turno de oficio
Asimismo, el conseller apostó por no seguir encareciendo el coste del turno de oficio. Según Cabré, el sistema retributivo era "útil en el momento en que fue diseñado, pero con el transcurso de los años se ha mostrado deficitario". Para el titular autonómico de Justicia, el aumento del presupuesto del turno de oficio es consecuencias de las sucesivas reformas legales que han provocado un aumento de los asuntos judiciales en los que se requiere la intervención del turno de oficio. La crisis económica y el aumento de la población extranjera son otras dos de las causas que han disparado las cifras del turno de oficio, que se ha disparado en un 98,3 por ciento entre los años 2003 y 2011.
"El coste del turno de oficio y la asistencia jurídica que asume la Generalitat se ha incrementado en más del 167%, pasando de 9,8 millones de euros en 2003 a 26,2 millones en 2010", dijo el conseller, que insistió en que a pesar de todo el presupuesto de la Conselleria en esta materia había subido.
Por otro lado, el primer día de medidas de protesta de los abogados de Alicante por los recortes de la Generalitat transcurrió sin incidencias. "La gente que ha venido al Colegio de Abogados y se ha encontrado con la oficina de atención al público cerrada ha comprendido la situación", explicó el decano de los Abogados de Alicante, Fernando Candela. Entre las medidas de los abogados, está el abrir sus oficinas para pedir letrado de oficio solamente los jueves de cada semana, cuando antes ofrecía servicio diario.
