Entre Elche y Madrid discurre la vida de este magistrado que, además de para Blanco y Garzón, ha de encontrar tiempo para presidir el tribunal del que salen los nuevos jueces y para atender sus obligaciones como vocal de la Junta Electoral Central. Ideológicamente situado en un centro que con el paso de los años, matiza , se ha ido escorando a la derecha, destaca sus orígenes familiares de izquierdas ("mi abuelo materno fue alcalde en la República y al paterno no le gustaban en exceso los santos", relata) y presume de llevarse bien con todo el mundo y de ser el fiel de la balanza en muchas deliberaciones de la Sala Segunda (penal) de la que forma parte. Miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), recurrió al abogado que acaba de salvar a Camps, el catedrático de Derecho Penal Javier Boix, para que le dirigiera su tesis y ha enmendado la plana a la Audiencia de San Sebastián al revocar la sentencia que condenaba por torturas a los guardias civiles que detuvieron a los etarras que atentaron en la T-4. Casado con Miss España 1974, en la actualidad maestra interina afectada e indignada por los recortes, quiere cumplir los 75 en el Supremo donde, asegura, "tengo tanta libertad para actuar que lo hago con toda la prudencia del mundo".

¿Cómo ve la Justicia en estos momentos?

La Justicia está bastante deteriorada pero no se trata de ahora, es algo que viene de lejos porque nunca se le ha atendido como es debido. No da votos y tanto a nivel de personal (jueces y funcionarios) como en medios ha estado siempre dejada porque no era rentable políticamente. Los medios que tiene el Ministerio de Hacienda no los tiene el del Justicia.

¿Cómo tendría que ser la Justicia en tiempos de crisis?¿Qué problemas tiene que resolver con mayor urgencia?

Lo que está haciendo el Gobierno con la crisis es acometer reformas estructurales porque esas no cuestan dinero. Como la nueva designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o del Constitucional...

¿Cree usted que esas son las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos?

Totalmente no, pero la gente está viendo la politización del CGPJ y del Constitucional y eso daña bastante. Con el Estatut de Cataluña, con Bildu, con los nombramientos, se va midiendo quién es de derechas y quién de izquierdas, ven que estos organismos no tienen autonomía. Y por eso los ciudadanos no confían en la Justicia.

Luego confirma que la Justicia se mueve por criterios políticos.

Los jueces actúan con rectitud, aunque no se puede evitar que cada uno tenga su tendencia, pero los nombramientos de los altos órganos de la Justicia están viciados desde el principio porque dependen de los políticos. Y los políticos deben intervenir porque el Parlamento representa al pueblo, pero hasta un punto.

¿Piensa de verdad que cambiando el sistema de nombramientos da respuesta la Justicia a los problemas de la gente?

Insisto en que existe un cabreo tremendo porque la Justicia está politizada y los ciudadanos no se fían. Por ello es una baza importante la confianza que el Gobierno quiere restaurar con estos cambios. La otra sería modernizarla, pero eso implica dinero y ahora no hay. El Gobierno ha comenzado por las reformas estructurales que no suponen una inversión y que pueden dar la imagen al exterior de que la Justicia no va a ser un apéndice de los políticos, lo que va a dar más confianza, más seguridad.

¿Qué cree usted que un país con cinco millones de parados espera de la Justicia en procesos como Gürtel, Brugal, Matas, Urdangarin...?

Son casos escandalosos, máxime en tiempos de crisis, y la gente espera que la Justicia sea objetiva, imparcial y rigurosa. El Rey ha dicho que la Justicia es igual para todos y si hay que meter en la cárcel a Urdangarin, pues se le mete.

Sí, pero no se cita a declarar a su mujer, la infanta Cristina.

Pues habría que citarla. Si yo fuera el responsable de esa instrucción claro que lo haría. Si formaba parte de unas sociedades, algo sabe. Parece que la mayor responsabilidad es la del marido, pero él arrastró a la compañera, que no parece una persona tonta. Citarla contribuiría a que el ciudadano creyera en la Justicia. No se la puede dejar fuera ni evitar que declare porque no tiene ningún privilegio.

Como presidente del tribunal del que salen las nuevas hornadas de jueces ¿qué cualidades tendrían que primarse en estos tiempos de recesión?

Se tendría que racionalizar la oposición para que no solo se valore la memoria, sino que tengan una visión de conjunto, que conozcan el Derecho, que sepan controlar los nervios, que tengan fluidez...es decir, virtudes jurídicas, una formación adecuada en la Escuela Judicial con prácticas e inculcarles que tienen que trabajar como leones.

¿Y el sentido común y la humanidad no cuentan?

Son cualidades que se presuponen, aunque no estaría de más que se tuviera que pasar un examen para confirmarlas. Algo que no fuera vinculante pero, si se pudiera medir el sentido común para interpretar las leyes y aplicarlas con prudencia y coincidiera además con que fuera un gran trabajador ... ¡¡ostras!! casi no haría falta ni que tuviera conocimientos jurídicos. Eso sería perfecto.

Al hilo del sentido común y de la humanidad, ¿qué piensa un magistrado del Supremo del problema, cada vez más dramático, de quienes se quedan sin casa y han de seguir pagando la hipoteca?

Ahí la Justicia va a rastras de la legalidad y se tiene que limitar a aplicar la ley.

¿No es posible interpretarla en el marco de la situación económica actual?

La solución pasa por cambiar la ley y aplicarla a raíz de ese momento, nunca con carácter retroactivo. Se podría suscribir un seguro por el que, a partir de haberse abonado una parte de la hipoteca, se hiciera cargo de la deuda si el hipotecado no puede hacerlo desprendiéndose al mismo tiempo de la vivienda.

¿La dación en pago sería entonces posible?

Si se regula antes, sí. Sería justo que se hiciera aunque el banco perdiera algo. Pero ahora el juez no puede hacer nada salvo que se salga de la ley, y el que lo haga es un prevaricador.

¿Habría que endurecer las leyes contra delitos de cuello blanco?

El problema con este tipo de delincuentes no son las penas sino descubrirlos y probar los hechos. Si se consigue esto y se sanciona con la legislación que existe, ya sería un paso importante. Lo otro es endurecer las condenas a los siete que se cogen cuando hay 700 por ahí. Han aumentado los medios de investigación y se pone voluntad pero no es suficiente porque se trata de delitos enrevesados. La delincuencia transnacional lo complica aún más y los mecanismos para eludir a la Justicia también han avanzado.

¿Qué piensa del castigo penal para los malos gestores públicos anunciado por Rajoy?

Totalmente de acuerdo. El problema es delimitar cuándo se trata de una actuación política con riesgo de que resulte o no y cuándo de una actuación irresponsable. El político que gaste más de lo que debe ha de empezar a responder por ello. Donde quizá la ley no pueda entrar es en el modo en que el representante público invierta su presupuesto siempre que no se superen los límites de gasto. ¿Que en Valencia han hecho la Fórmula 1 y ha dado mal resultado? ¿Y si lo hubiera dado bueno? Por eso la cuestión es determinar cuál es la conducta delictiva y la base debe ser cuando conscientemente el político se pase del límite que marquen los presupuestos. Dentro de esos parámetros la ley no puede entrar en si se invierte en una cosa o en otra porque vulneraría la independencia de una personal elegida democráticamente.

Parece complicada la delimitación.

No, se puede partir de que cuando haya inversiones de absoluta primera necesidad por acometer (sanidad, educación...) no se invierta en otra cosa. Tiene que haber una flexibilidad, de lo contrario nadie querrá ser político en esas condiciones.

¿Es lícito acudir al Derecho Penal como solución a los males de la política?

El Derecho Penal es la última llamada a la solución de los problemas.

Es decir, que si hemos llegado a este punto es que estamos mal.

Estamos muy mal. Cuando llegan los procesos políticos a los tribunales es que las cosas no están nada bien. Lo político se debe dirimir en el campo político. Pero la clase política ha bajado un entero. Hay mucho relativismo ético, mucho pasotismo... por eso quizá sea bueno que se regule penalmente esta responsabilidad, para bajar los ánimos un poco. E insisto en que la mayor dificultad está en delimitar qué es lo prohibido sin restar libertad de gestión al político, sería algo así como decirle: "Usted tiene que invertir en hospitales, garantizar que habrá medicamentos, que haya colegios para los niños, y luego ya puede gastar en la Ciudad de las Artes o en lo que sea".

Según ese planteamiento, que se paguen 15 millones por el proyecto y las maquetas de tres torres que ni llegaron a hacerse, como ocurrió con Calatrava en Valencia, ¿sería delito?

Si hubiera estado regulado, sería condenable. Pero si lo hubiera estado, quizá no lo habrían hecho. Por eso hay que regularlo.

Si este delito estuviera ya delimitado, y a la vista de la situación de la Comunidad, ¿cuál sería el castigo a sus gestores?

De cárcel. Si hubiera estado delimitado, de cárcel. Es uno de los casos más claros porque la Comunidad está en bancarrota por gastos superfluos, suntuarios. Que se quería lanzar la imagen de la Comunidad, bien, pero no mientras se deja de operar por la tarde por falta de dinero. Cosas así justifican la inclusión de estas actuaciones en el Código Penal porque, respetando la libertad del político y los mecanismos de control de un Estado de Derecho, como puede ser el Tribunal de Cuentas, han convertido la libertad en libertinaje y se han pasado por arriba desatendiendo lo de abajo. Tal vez ha sido porque no esperaban este hundimiento, pero aunque no se hubiera hundido la economía la cosa la estaban poniendo difícil.

Aunque no en relación a estos hechos, pero quien ha presidido la Comunidad durante las dos últimas legislaturas acaba de ser absuelto por un jurado popular de un delito de cohecho impropio imputado porque, según las acusaciones, se dejó agasajar por la trama corrupta de Francisco Correa que a su vez obtuvo pingües beneficios de la Comunidad. ¿Cree usted que un tribunal formado por magistrados le habría condenado?

Es muy probable. La diferencia entre un tribunal popular y uno de técnicos es tremenda. Lo digo por experiencia. Yo he visto aquí (en el Supremo) veredictos de jurados que son barbaridades, no porque se haya condenado a un inocente sino porque, con pruebas de asesinato, se ha castigado por una falta de lesiones.

¿Luego es cierto que es fácil que un jurado absuelva a un culpable?

Si has cometido un delito es mejor que te juzgue un jurado porque es posible que por los siete votos (precisos para la culpabilidad) te salves. Si no lo has cometido, que te enjuicie un tribunal técnico. Esto viene a decir que los profesionales, por muy flojitos que sean, ofrecen más garantías. Lo ideal sería un jurado mixto. En Francia, Italia y Alemania lo tienen así y avisaron a España que hiciera lo mismo, pero no hicimos caso.

¿Los miembros de un jurado son más influenciables?

No solo eso, sino que al no saber tecnicismos pueden hacer barbaridades.

¿Y en casos con mucha presión ambiental?

Mucho más. A un juez no le afecta para nada porque sabe que al final hará lo que tiene que hacer.

¿Debería modificarse la ley?

Debería y existe el modo de hacerlo. Dejar los asuntos más pequeños para el jurado puro y los serios, para el escabinado, es decir, el mixto.

¿Deben tener responsabilidad penal dirigentes de entidades de crédito que las han llevado a la ruina, como ha ocurrido con la CAM?

Yo creo que sí, regulándolo... y sin regularlo, porque hay un delito societario que castiga estas actuaciones, que exige responsabilidad penal a quien de forma consciente ha dañado a la sociedad o a los socios. Y lo de la CAM ha sido una barbaridad que ha provocado una pérdida de puestos trabajo y perjuicios para sus clientes, entre otros cosas.

¿Se podría actuar penalmente contra aquellos que se han garantizado una jubilación millonaria?

Eso es diferente porque puede estar acordado por los consejos de administración con lo sería inmoral pero no delictivo.