Mollà dice que se limitó a reflejar la realidad al vincular a Ortiz con corrupción

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ La diputada autonómica Mireia Mollà aseguró ayer que se limitó a constatar la realidad al vincular al empresario Enrique Ortiz con la corrupción. La parlamentaria de Compromís se sentaba ayer en el banquillo por una demanda civil contra ella presentada por el promotor, implicado en los casos Brugal y Gürtel. Ortiz le reclama una indemnización de 150.000 euros por haber vulnerado su honor. La Fiscalía pidió ayer que se desestimara la demanda al entender que la diputada se limitó a aludir lo que aparecía en titulares desde hace dos años.

El juicio estaba señalado ayer en el juzgado de Primera Instancia cinco de Alicante. Medio centenar de simpatizantes y militantes se congregaron frente al Palacio de Justicia con la pancarta: "Todos con Mireia. El juicio de la vergüenza". Los manifestantes portaban fotocopias de titulares de prensa con casos de corrupción en los que está implicado Ortiz. Entre los gritos que se corearon estaban: "Cortemos la corrupción", "Todos con Mireia", "Crematorio" (en alusión a la serie televisiva sobre la corrupción en la Comunidad) u "Ortiz mangante, fuera de Alicante". La diputada aseguró que la demanda contra ella solo buscaba "amedrentar y meter el miedo en el cuerpo a quienes denunciamos la corrupción".

A pesar de la gran expectación levantada, el juicio se acabó celebrando a puerta cerrada a petición del propio Enrique Ortiz, que al llegar al Palacio de Justicia se encontró con una nube de cámaras y fotógrafos. Los reporteros gráficos ni siquiera pudieron tomar imágenes de la sala antes de la vista. Tampoco Ortiz y su abogado en esta demanda, el letrado Pedro Beltrán, quisieron hacer declaración alguna tanto antes como después del juicio. "No es el momento adecuado", aseguró Ortiz.

La demanda se presentaba a raíz de una rueda de prensa convocada por la diputada durante las últimas elecciones autonómicas y en la que se presentó un escrito en la Fiscalía por una venta de suelo por parte de la CAM al Ayuntamiento de Alicante en una operación que supuestamente beneficiaba a Ortiz. Según la demanda, en esa rueda de prensa Mollà aseguró que Ortiz era el empresario más corrupto de España.
La diputada matizó ayer que lo que dijo fue que Ortiz era el empresario más impregnado en casos de corrupción del país y que por país se refería al valenciano. Mollà señaló que la denuncia no iba dirigida específicamente contra el empresario y que cuando la presentó no tuvo intención de socavar su honor sino de poner en conocimiento de la Fiscalía unos hechos presuntamente irregulares, por lo que "era mi obligación". El ministerio público archivó la denuncia.

Los abogados de Mireia Mollà, el diputado nacional del PSOE Gabriel Echávarri y la diputada autonómica de Compromís Mónica Oltra, presentaron a la juez hasta 80 recortes y documentos con titulares en los que se vincula a Enrique Ortiz con la corrupción.

Durante el juicio, Oltra empezó a interrogar a Ortiz por alguno de estos casos que están o han estado abiertos en los juzgados. Entre ellos, se le inquirió sobre el Plan General de Alicante, el hallazgo de una pistola en su caja fuerte, la supuesta compra de partidos del Hércules o el Plan Zonal de la Vega Baja. El empresario admitió estar o haber estado denunciado por estos asuntos, pero negó la existencia de irregularidades. Ni tenía el plano del Plan General, ni sabía que había una pistola en su caja fuerte, fueron algunas de sus respuestas. Preguntado si había reclamado a algún medio rectificación alguna por estas informaciones, respondió que "todavía no".

Oltra señaló que buscar las palabras "corrupción" y "Ortiz" en el Google genera más de 390.000 resultados, mientras que otros nombres como el de "El Pocero" o Julián Muñoz salen menos entradas.

Por su parte, Enrique Ortiz aseguró que las declaraciones de la diputada le había causado un gran perjuicio, hasta el punto de que le habían hecho perder concursos públicos y que sus ofertas sean miradas con lupa. Según sus argumentos, no era lo mismo que lo digan los periódicos a que lo haga una diputada. El abogado de Ortiz defendió en el juicio que insultar no debe salir gratis, por lo que reclamó una indemnización de 150.000 euros aunque matizó que lo importante no era la cantidad sino una rectificación.

La Fiscalía pidió que se desestimara la demanda al considerar que la diputada se hizo eco de lo que estaba en prensa y recalcó que no ha quedado demostrado que el empresario haya sufrido un perjuicio real por las palabras de Mollá.