La Plataforma en Defensa del Puerto ha presentado en el ayuntamiento de Alicante un manifiesto de rechazo, con un resumen de más de 1.500 alegaciones, a la instalación de una planta industrial de residuos en el recinto portuario de la ciudad.
La entidad aduce que esa planta tratará residuos "cancerígenos y peligrosos", lo que supondrá un riesgo para la salud humana.
En el escrito, dirigido a la alcaldesa de la capital alicantina, Sonia Castedo (PP), se pide a los representantes del consistorio que forman parte del Consejo de Administración del puerto que voten en contra de la concesión portuaria que necesita la planta para instalarse en el puerto.
Según la plataforma, se han presentado más de 1.500 alegaciones, firmadas por particulares, asociaciones vecinales, plataformas y grupos políticos, contrarias a que la Autoridad Portuaria otorgue ese permiso.
Fuentes de la entidad sostienen que el complejo se ubicaría en una parcela que "dista apenas quinientos metros de edificios de viviendas de los barrios de Benalúa, Gran Vía Sur y San Gabriel, del colegio público Benalúa o de zonas verdes de uso público, como el Parque del Mar o el Paseo Joan Fuster".
El colectivo exige también al ayuntamiento que, "si bien ya ha otorgado el informe de compatibilidad urbanística", informe negativamente a la Administración valenciana de "la cercanía de la planta a los ciudadanos y del riesgo para la salud pública que supone" su instalación.
A su juicio, el consistorio "tiene la obligación de trasladar el rechazo social al Consejo de Administración del puerto mediante el voto negativo de los dos vocales que representan al ayuntamiento".
Fuentes de la plataforma han asegurado que, en el pleno celebrado el pasado 27 de enero, el gobierno popular "votó a favor" de una moción presentada por el grupo socialista para modificar el plan especial del puerto y "evitar que cerca de los ciudadanos se instalen industrias tóxicas, molestas, nocivas y peligrosas".
La entidad indica en su manifiesto que el consistorio ha archivado el expediente para otorgar licencia ambiental a esa planta mediante un decreto municipal que se apoya en un informe de los técnicos del consistorio de calidad ambiental.
Según el colectivo, en ese informe se hace constar que la actividad no precisa de dicha licencia, sino de autorización ambiental integrada, la cual debe ser tramitada por la Conselleria con competencias en medio ambiente.
Por esa razón, la plataforma expone en su escrito que ha solicitado también a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que actúe en consecuencia y vote en contra de la concesión a esa planta en el Consejo de Administración del puerto.
También ha demandado que la Conselleria desestime dicha declaración de impacto ambiental cuando sea requerida por la empresa que ha solicitado la ubicación de la planta en el puerto y deniegue, por tanto, la autorización ambiental integrada.
La entidad afirma que a su manifiesto se han adherido diferentes organizaciones sociales, vecinales, educativas y partidos políticos, como la Conferació d'Associacions de Veïns i Usuaris de la Comunitat, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, Ecologistas en Acción, PSOE, EU, Compromís o Vecinos por Alicante.
