El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe tendrán que hacer frente a una factura cercana a los 90.000 euros, por el operativo que hubo que poner en marcha el pasado domingo para restablecer el servicio ferroviario entre las estaciones de San Vicente del Raspeig y Alicante. Un tramo de mil metros que quedó inutilizado a la altura del cementerio de Alicante después de que unos ladrones robaran 32 rodelas, cuya misión es mantener tensa la catenaria, y que en la fábrica cuestan 1.600 euros. Un paupérrimo botín (en el mercado negro el valor desciende hasta un 70%), que provocó, sin embargo, un auténtico caos en las comunicaciones entre Alicante, Ciudad Real, Madrid y el norte de España (Asturias y Castilla-León), con tres mil viajeros afectados y 30 trenes retrasados.
Ayer, las organizaciones de consumidores cuestionaron que Renfe no se haga cargo de la devolución del importe de los billetes, excusándose que ella también fue una damnificada al ser la usuaria de las infraestructuras que gestiona Adif, la empresa del mismo grupo (Ministerio de Fomento). El daño a los pasajeros entra dentro del capítulo de intangibles. ¿Quién valora las horas de espera en Alicante para montar en un autobús en dirección a Almansa?, se preguntó ayer José Enrique, uno de los pasajeros atrapados por las "tensiones de la catenaria, algo que hasta ayer no sabía ni lo que era".
La normalidad en el servicio ferroviario en Alicante volvió a primera hora de la mañana de ayer a ser absoluta y puntual con la salida de todos los trenes, después de que los técnicos de Adif lograran reparar el tramo de vía afectado tras casi 20 horas de trabajo y más de 30 técnicos movilizados, que estaban de guardia el domingo.
Según explicó Adif en una nota, el robo de unas contrapesas -elementos que mantienen la tensión mecánica de la catenaria- provocó que el domingo Euromed que había salido de Alicante en dirección a Barcelona enganchara su pantógrafo (elemento que conecta la catenaria con la máquina) en la catenaria, arrasando unos 1.000 metros de hilo de contacto y sustentador quedaron dañados, a la altura del cementerio.
Adif tuvo que desplazar a tres equipos y Renfe fletar unos 50 autobuses para mover a los 3.000 pasajeros que se quedaron sin servicio y tenían comprados los billetes para los 30 trenes afectados.
Ni el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ni Renfe facilitaron ayer cifras concreta sobre las pérdidas económicas, pero otras fuentes ferroviarias apuntaron que la factura no será inferior, en una primera estimación, a los 90.000 euros (quince millones de euros de las antiguas pesetas por un botín de poco más de 265.000 pesetas).
Adif tiene vigilancia privada en toda la línea y hace unos meses también sufrió un robo similar "pero no provocó daños. Colaboramos estrechamente con la Guardia Civil y la Policía Nacional y esperamos que cojan a los ladrones", apuntaron desde el Administrador.
Seis arrestados en Alicante por robar vías del tren
La Policía Local de Alicante detuvo el pasado fin de semana a seis personas acusadas de robar vías del tren inutilizadas. Los arrestados se desplazaban en dos furgonetas donde llevaban sopletes y radiales para cortar metales de una vía muerta. Los seis detenidos, que no están relacionados con el otro robo que dejó sin trenes de largo recorrido a Alicante quedaron ayer en libertad provisional tras declarar en el juzgado de guardia.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen operativo un plan que se puso en marcha en 2007 para combatir el robo de cableado de cobre y en todo el país han sido detenidas desde entonces más de 12.000 personas. En la provincia de Alicante el goteo de detenidos es constante y solo el pasado mes de diciembre el Cuerpo Nacional de Policía detuvo a más de 20 personas en Alicante y en las otras seis ciudades donde presta servicio.
Además intervino a dichos detenidos unos 1.700 kilos de cobre robado. El Ministerio del Interior puso en marcha el plan contra este tipo de delitos por el aumento de robos de cobre debido al aumento de la demanda y la subida del precio en el mercado, donde ha pasado de unos 3.000 dólares la tonelada métrica de cobre en 2006 a casi el triple en la actualidad. El plan pretende prevenir robos y evitar que el material robado llegue al mercado internacional.
Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil realizan inspecciones en las chatarrerías de la provincia para tratar de detectar ventas de cobre procedentes de robo. La Policía ha detectado asimismo que muchos ladrones optan incluso por acudir a chatarrerías de otras provincias donde creen que pueden haber menos control.
