Los últimos ajustes del Consell en Sanidad y Educación han encendido las alarmas entre los agentes sociales de la Comunidad. Vienen tiempos duros y la poda de entidades dependientes de capital público planeada por la Generalitat alcanza a un total de 46 sociedades. Muchos son los ciudadanos afectados que no saben cómo ni donde canalizarán sus peticiones en el futuro. Más aún son los que desconocen si recibirán las ayudas aprobadas. Sin embargo, algunas sociedades se salvan de la quema. Tal es el caso de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (AVAPSA), cuya continuidad fue ayer asegurada por fuentes de la conselleria de Bienestar Social.
Desde la Generalitat definieron como "rentable" a la firma que se encarga de gestionar las resoluciones de la Ley de Dependencia y confirmaron que en junio del año pasado se llevó un ajuste de personal que "garantiza el futuro". En 2010 contaba con 181 empleados, que acarrearon un gasto de 6,1 millones de euros a las maltrechas arcas de la Generalitat y su encomienda de gestión cuesta cerca de dos millones.
La apuesta por una firma paralela que resuelva los expedientes fue criticada ayer por la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana. La abogada de la entidad explicó que "hay expedientes aprobados desde hace tres años y la Generalitat aún no ha pagado nada a los peticionarios. ¿Para qué sirve gastarse dos o tres millones de euros en la empresa que resuelve las peticiones si luego no pagan las ayudas? Ese dinero debería ser invertido en la gente que lo necesita y no en empleados de la Generalitat que cobran un buen sueldo". El propio Consell ha admitido que AVAPSA cuenta con cerca de 12.000 solicitudes atrasadas.
