La Fiscalía de Alicante pide penas que suman 279 años de prisión para 19 personas, integrantes de un grupo organizado, por presuntos delitos de prostitución, homicidios en grado de conspiración, secuestro, robo y aborto ilegal.
Además, por este último delito solicita también dos años de cárcel para tres profesionales sanitarios de un clínica barcelonesa, donde, al parecer, fue atendida una joven, embarazada, que estaba siendo prostituida por el grupo desarticulado.
Nueve de sus miembros fueron detenidos en julio de 2004 en el peaje de la autopista A-7 en Villajoyosa, lugar en el que se habían citado antes de acudir a una vivienda de Benidorm con el propósito de acabar con la vida de dos personas, quienes "tenían cuentas pendientes" con algunos integrantes de la banda.
Las intervenciones telefónicas realizadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado permitieron conocer este encuentro y, tras el despliegue de un operativo especial, fueron detenidas antes de que cometieran ambos crímenes.
Las pesquisas sobre estas 19 personas, todas de nacionalidad rumana, comenzaron a principios de ese mismo año a raíz de la comisión de numerosos delitos con intimidación y uso de armas de fuego a personas y en comercios de la provincia de Alicante, si bien muchas de sus víctimas eran compatriotas suyos.
Los efectivos policiales averiguaron que el líder del grupo era un preso del Centro Penitenciario de Fontcalent, quien a pesar de su situación seguía dirigiendo y controlado al grupo a través de teléfonos móviles introducidos ilegalmente en la prisión.
Merced a este seguimiento, los agentes tuvieron conocimiento de otros delitos, pues la organización, además de continuar perpetrando robos, se dedicaba a la captación de mujeres rumanas en su país para que posteriormente ejercieran la prostitución en España bajo amenazas, según refleja la calificación del fiscal.
En una ocasión llegaron a pedir un rescate a los familiares de una joven a la que tenían encerrada y explotada sexualmente, que finalmente obtuvieron.
El escrito provisional de la acusación pública señala que otra joven, tras quedar embarazada, fue conducida hasta una clínica de Barcelona para que abortase, después de que en otro centro médico de Alicante se negaran a ello ante "el avanzado estado de gestación" que presentaba la chica.
Aunque la clínica barcelonesa justificó su intervención en la presencia del supuesto legal de indicación terapéutica, relata el fiscal, dos médicos forenses que examinaron la documentación concluyeron que no se pudo establecer que la paciente presentara un cuadro de "grave peligro para su salud" derivado de su estado de gestación.
Además, el centro "tampoco aportó dato alguno" que permitiera incluir esta situación "en ninguno de los otros supuestos legales de interrupción del embarazo".
El Ministerio Fiscal pide 36 años de cárcel para el líder del grupo, entre 20 y 31 años de cárcel para cinco de sus miembros, de 17 a 5 años para otros nueve y para los cuatro restantes penas inferiores a los tres años.
El juicio, que comienza pasado mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, se prolongará hasta el 2 de febrero.
