¿Quién juzga al jurado?

MERCEDES GALLEGO
Un tribunal popular formado por seis hombres y tres mujeres sorprendió a últimas horas del miércoles a una buena parte de la opinión pública (tanto juristas como legos en leyes) que ha seguido el juicio contra el exjefe del Consell Francisco Camps y contra quien fuera su lugarteniente, el diputado Ricardo Costa, al declarar a ambos no culpables del delito de cohecho impropio que se les imputaba.
Después de una investigación de tres años y de 26 sesiones de vista oral en las que se han ido desgranando los pormenores de este procedimiento, con especial atención a unas intervenciones telefónicas que no dejan lugar a dudas sobre las relaciones que mantenían los ahora exculpados con los cabecillas de la red corrupta Gürtel (del amiguito del alma al te quiero un huevo pasando por los cien gramos de caviar), cinco de estas nueve personas (la mayoría simple que establece la ley para no romper la presunción de inocencia) han considerado que sólo las transacciones comerciales unían a Camps y a Costa con el entramado corrupto de Correa de donde, concluyen, no recibieron regalo alguno.
En las contradicciones del sastre José Tomás (que primero declaró que el exjefe del Consell se pagaba todo y después lo contrario), en la rectificación de la exempleada de Correa (quien lo que en un primer momento afirmó haber visto resultó luego que se lo habían contado) y en imprecisiones de los peritos de Hacienda se han basado los miembros del jurado para absolver a los imputados, según recoge un acta que no habría superado un examen de Lengua.
En estos tres aspectos han puesto la lupa los jueces del pueblo mientras han pasado por alto declaraciones de empleados de las tiendas donde los investigadores sostienen que se compró la ropa con la que, según las acusaciones, la trama de Correa obsequió a los hasta el miércoles acusados. Testigos que han relatado cómo se ordenó cambiar el apellido de Camps por el de Pérez en los libros de los establecimientos, o modificar los registros informáticos, o cómo el expresidente, en vez de pagar, le dio la mano a la cajera.
No hacen caso a estas declaraciones mientras sí dan valor de ley a la convicción de que ni Camps ni Costa tenían influencia alguna en la Generalitat en materia de contratación, como si alguien pudiera creerlo o como si eso fuera relevante para un tipo penal (el cohecho impropio) que castiga la mera recepción de regalos hechos en función al cargo público sin que sea preciso contraprestación alguna. Algo ajeno a este proceso aunque haya que citar aquí los ocho millones que la trama Gürtel obtuvo en adjudicaciones de la Generalitat en apenas cinco años, un dato que el jurado escuchó en reiteradas ocasiones durante el juicio pero que también ha pasado por alto como si aquellas lluvias no hubieran traído unos lodos que el anterior presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, ya se encargó de alejar del asunto de los trajes mientras la mitad más uno de los miembros del jurado también ha preferido ahora mirar hacia otro lado
Salvo contraorden del Supremo, si el fallo es recurrido, nada de lo expuesto hasta ahora (como el hecho de que considere como prueba de que Costa pagó su ropa el testimonio de su secretaria, ya no ante el tribunal, sino ante un notario, y un extracto bancario de destino incierto) invalida un veredicto que bien sea por el beneficio de la duda, bien por la compleja delimitación del delito, bien por la astucia de las defensas o por la incapacidad de los investigadores en perfilar más los hechos así como de las acusaciones en trasmitirlos al jurado, ha eximido de responsabilidad penal a los dos acusados.
Un hecho incuestionable. Algo que no se puede decir de una institución parida para implicar a los ciudadanos en la administración de Justicia pero que, a la vista de asuntos como éste, y de otros en los que la presión del entorno se convierte en un elemento de peso, (recuérdese la condena a Dolores Vázquez por la muerte de Rocío Wanninkhof ; o la absolución al etarra Mikel Otegi del asesinato de dos ertzainas por considerar el jurado que no era dueño de sus actos; o la del un joven que asestó medio centenar de puñaladas a un pareja gay en Vigo "por miedo insuperable") hacen necesario plantearse su reforma para que de verdad la ciudadanía pueda juzgar con solvencia a sus semejantes en vez tener que cruzar los dedos cada que vez que le toque hacerlo.