Los gastos de funcionamiento de los centros educativos públicos de la Comunidad van a tener criterios distintos a los actuales. La Conselleria de Educación prevé modificar la normativa que data de 1995 -cuando era conseller el socialista Joan Romero- y que contempla que los equipos directivos presenten sus balances contables a año vencido. La idea es que se rindan cuentas cada trimestre para ejercer un mayor control. "Estamos trabajando para actualizar la norma, que ahora es una orden y pasará a ser decreto. Vamos a contar con la opinión de los directores, quienes realizan una magnífica gestión, y se hará siempre con el respeto a la autonomía de los centros" puntualizó el director general de Centros, Rafael Carbonell.
La intención es establecer nuevos criterios de asignación económica a colegios e institutos para sus gastos de funcionamiento "con autonomía y flexibilidad". "Han quedado obsoletos criterios como la distancia de la localidad respecto a la capital de la provincia y se quiere actualizar el de la altura. Además, se unificarán los contratos de los servicios y suministros, como luz y gas, a través de una central de compra" explicó a este diario Carbonell.
Así, se evitarían situaciones como las vividas esta semana, en la que por falta de dinero ante los impagos del Consell, el instituto Jorge Juan no pudo abonar el recibo de la luz y la compañía eléctrica le cortó el suministro o, en el caso del combustible, que no tengan calefacción.
Al mismo tiempo, se busca posibilitar nuevos ingresos para los centros, por medio de prestar las instalaciones, realizar actividades y obtener beneficios instalando paneles solares, por poner unos ejemplos. "Se trata de abrir el abanico y conseguir un remanente", agregó.
