El Consell pide ayuda. No a las entidades financieras. Tampoco al Tesoro Público. La agonía financiera de las arcas autonómicas ha forzado a la Generalitat a solicitar propuestas a los ciudadanos con el fin de reducir su deuda, la más alta de España en relación al Producto Interior Bruto (PIB). El portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, informó ayer de que el Ejecutivo quiere involucrar a todos los ciudadanos para paliar la asfixia económica de la Comunidad. El método para contribuir es sencillo. La Generalitat ha creado la página web "www.capavant.gva.es" y a través de ella se pueden remitir todo tipo de ideas. "Podrán sugerir cualquier cuestión que pueda suponer un ahorro o control de recursos públicos en cualquier área de la administración pública", señaló el vicepresidente Císcar.

En la web se recogen además las medidas de ahorro que está impulsando el Ejecutivo y que han levantado una férrea oposición entre los ciudadanos. De hecho, las dos manifestaciones que se han celebrado durante última semana en defensa de los servicios públicos han conseguido aunar, solo en Alicante, a cerca de 100.000 personas, unas 50.000 en cada una. Precisamente, el vicepresidente quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Subrayó la necesidad de acometer ajustes y minimizó sus consecuencias. "Tienen que entender que en estos momentos son absolutamente necesarios", sentenció José Císcar. Y agregó: "Expresamos nuestro máximo respeto por las manifestaciones, porque es un derecho fundamental. Entendemos que son medidas muy duras y que suponen un sacrificio para los ciudadanos, pero se han tomado bajo un prisma: que no hubiera despidos". Císcar admitió que el Consell "es consciente" de que el último decreto para reducir el déficit "afecta a los sueldos" de los empleados públicos, pero aclaró que "no a sus retribuciones básicas". Además, señaló que desde el Consell están "abiertos" a escuchar cualquier sugerencia de los sindicatos sobre la reestructuración de la administración valenciana, aunque insistió en que tienen "claro los capítulos que hay que recortar, las áreas que hay que recortar y las cantidades que hay que recortar".

En el pleno de ayer, el primero tras el relevo de Enrique Verdeguer por Máximo Buch en Economía, el Ejecutivo sacó adelante otra medida de ahorro. En los próximos meses subastará 61 de los 112 vehículos oficiales que dependen de Presidencia y del resto de consellerias. También se venderán otros 11 coches del personal técnico. En total, la Generalitat estima que ingresará 129.000 euros por los turismos y que ahorrará 269.000 euros al año gracias a la iniciativa. Tras esta medida, sólo tendrán un coche adscrito el presidente de la Generalitat y los diez consellers, mientras que los 88 altos cargos restantes -secretarios autonómicos, subsecretarios y directores generales- tendrán que compartir el uso de 37 vehículos.

Compromís alerta de nuevos impagos

Compromís reclamó ayer al Consell que pague la deuda que tiene con la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad, pues de lo contrario miles de pymes podrían quedar sin aval. Esta entidad tiene como objetivo avalar a empresas viables y en caso de no obtener los fondos de la Generalitat, la coalición advierte de resultados "nefastos".