El abogado que salvó a Camps

Tan afable en el trato con los medios de comunicación como parco en declaraciones sobre los asuntos de que se ocupa, en Javier Boix, el abogado, se cumple a la perfección la máxima bíblica de que por sus hechos le conoceréis. Porque desde que en 1976 se doctoró en la Universidad de Valencia, la misma donde ahora imparte clases como catedrático después de haber hecho lo propio durante ocho años en la de Alicante (en la que también fue vicerrector con Antonio Gil Olcina y rector en funciones) la carrera profesional de este militante del Derecho Penal y defensor de las garantías constitucionales está jalonada de tantos éxitos que hasta quienes confiesan no tener excesiva afinidad con él no dudan en calificarle como el mejor penalista de la Comunidad. Sin lugar a dudas.

Un brillante profesional, "mucho mejor abogado que docente", según estas mismas fuentes, que lo mismo representa a un acusado por un delito sexual (como ocurrió cuando en Alicante, a principios de los 90, se hizo cargo de la defensa del tristemente conocido como el violador del Castillo), o a una clínica contra la que se pretendía arremeter por practicar abortos ( Ginetec), que cuenta entre sus clientes (a los que él acostumbra llamar patrocinados) con personajes de la primera línea de la política. Ha pasado ahora con Camps como en su momento ocurrió, a raiz de una investigación por la presunta financiación ilegal del PP, con el extesorero del partido Rosendo Naseiro. O con Rafael Blasco, hoy síndic del PP en las Cortes pero conseller de Obras Públicas y Urbanismo con el socialista Joan Lerma como presidente de la Generalitat, cuando recurrió a sus servicios para que le representara en el proceso por cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secretos por la recalificación de unos terrenos en la localidad valenciana de Paterna cuyo instructor fue precisamente Juan Climent, el mismo magistrado que ahora ha presidido el tribunal del jurado que ha juzgado a Camps.

Dos asuntos, el de Naseiro y el de Blasco, en los que Boix no sólo logró la exculpación de sus defendidos sino que, a raiz de sus argumentos, consiguió una regulación de las intervenciones telefónicas (anuladas en ambos procesos) que hasta ese momento no existía.

Más próximo en lo ideológico al Blasco de Lerma que al de ahora ("mi cliente y yo nunca hemos votado lo mismo", le espetó al tribunal en una de las sesiones del juico a Camps) no se puede decir de Boix que sea un abogado sectario. Al contrario, por su "bufete familiar", como a él le gusta definir el despacho que comparte con su mujer, la también letrada Amparo Palop, con la hija de ambos, Susana, y con otro compañero, han pasado y pasan clientes de toda clase y condición. "También represento a gente sin corbata pero esos casos son menos llamativos y por eso no salen en los medios", declaraba hace años a este diario quien en la actualidad lleva también la defensa del que fuera alcalde de Polop, Juan Cano, imputado por el presunto asesinato de su antecesor, Alejandro Ponsoda, y quien, tras el esfuerzo y la dedicación que le ha supuesto el proceso de Camps, tiene que emplearse ahora a fondo en sacar adelante el voluminoso proceso contra el también popular y polémico Carlos Frabra.

Como no todo po-dían ser luces, también en el currículum de este penalista de 61 años orgulloso de sus dos nietos aparecen asuntos, los menos, en los que sus tesis no contaron con el beneplácito de los juzgadores. Procesos como el de las muertes en la aerografía Ardystil de Cocentaina, donde representaba a un inspector Trabajo pieza clave para el cobro de las indemnizaciones, o el que llevó a la cárcel, aunque sólo fuera por tres meses, al exalcalde de Orihuela y también exconseller de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, por quedarse con dinero donado por unas monjas en su etapa de regidor.

Quienes le conocen afirman que, si Camps le hubiera dejado, su defesa habría sido diferente pero que, aún así y pese a su cliente, ha sabido acoplarse a las exigencias del exjefe del Consell y, a partir de ahí, desplegar toda su valía. Al margen de su estrategia de acoso y derribo a los testigos de cargo y de inocular en el jurado el virus de la duda, Javier Boix comprendió como ninguno de sus compañeros de bancada la mentalidad ciudadana de quienes formaban el tribunal popular (incluso apeló a la "valencianidad" frente a la acusaciones, que venían "de Madrid"), y con un lenguaje y una puesta en escena expresamente dirigida a unos juzgadores inexpertos en leyes, llevó a cabo una defensa en la que, según apuntan, "hubiera brillado todavía más de no haber tenido a Camps detrás".