Las claves de la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa han sido las contradicciones del sastre José Tomás, las declaraciones de los peritos de Hacienda que admitieron que no se podía saber quién pagó los trajes y la rectificación de la testigo que situó al expresidente de la Generalitat en la investigación.
El sastre José Tomás indicó en su primera declaración ante las dos fiscales Anticorrupción que han llevado el caso -Concepción Sabadell y Myriam Segura- que en ningún momento "las personas vinculadas a Orange Market" le comentaron que esa compra "iba a ser abonada por la trama". Tomás manifestó el 10 de febrero de 2009 al juez Baltasar Garzón que "las dos veces que estuvo (Camps) pagó él. Esas pagó él". Sin embargo, un día después fue despedido de la tienda por el empresario Eduardo Hinojosa y cambió su versión. A partir de ese momento comenzó a decir que Orange Market le regalaba los trajes a Camps. Esta contradicción la utilizó el abogado Javier Boix para presentar al exjefe del Consell como una víctima del enfrentamiento entre José Tomás y Eduardo Hinojosa. Boix lamentó que el conflicto laboral le había costado la vida a su cliente.
Los peritos de Hacienda reforzaron a Camps al admitir en la vista que no se podía saber quién pagó los trajes. Los dos peritos de la Agencia Tributaria que comparecieron el 4 de enero redactaron el informe de la Fiscalía y advirtieron a los miembros del tribunal popular que "no" pudieron llegar a "conclusiones inequívocas" sobre el pago de los trajes por la falta de documentación y las discrepancias halladas.
Las sombras de inconsistencia de las pruebas se extendió con la declaración de un perito contratado por Camps que elaboró un informe pericial favorable al expresidente. El técnico aseguró en el juicio: "la documentación (de la causa) presenta muchas debilidades que no permiten fiarse de ella completamente" al ser "manipulable" y contener "errores". Como, por ejemplo, "facturas falsas, facturas con precios que no corresponden o apuntes pendientes de cobro ya pagados".
Isabel Jordán
La testigo que situó al expresidente en la investigación se desdijo en el juicio. Isabel Jordán -que era administradora de la empresa Easy Concept, una de las principales de la trama- aseguró que se inventó que tenía una factura que justificaba que pagó 30.000 euros en trajes a Camps. La exadministradora de Easy Concept está imputada en Madrid por la rama principal de la investigación del caso Gürtel.
La exadministradora explicó que cuando se produjo la conversación su relación con Francisco Correa y Pablo Crespo -jefes suyos y líderes de la trama- había comenzado a ser distante. El 15 de octubre de 2007 implicó a Camps. "Yo no sabía que la conversación se estaba grabando. Lo dije espontáneamente", declaró en el juicio. La exadministradora de Easy Concept aseguró en la vista oral que Orange Market les debía cerca de 600.000 euros y que vio el apunte de 30.000 euros, y que dijo Camps como podía haber dicho cualquier otro nombre.
Campos y Betoret, dos condenados por los mismos hechos que ahora se exculpan
El sinsentido procesal que ha rodeado esta causa, que arrancó en el momento en que el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Luis de la Rúa, impidió que se investigara junto al caso de los trajes el expediente sobre la presunta financiación irregular del PPCV (en la actualidad en manos del magistrado del TSJ José Ceres para su instrucción), tiene uno de sus aspectos más surrealistas en el hecho que por las mismas actuaciones de las que ahora se ha declarado no culpables al exjefe del Consell y a quien fuera el número dos del PP en la Comunidad hay dos personas condenadas: el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el técnico de Turismo Rafael Betoret. Ambos se declararon culpables el pasado julio dentro de un acuerdo por aceptar los hechos entre los dos condenados y el exjefe del Consell del que Camps se descolgó en el último momento. Los dos fueron condenados a pagar la multa impuesta y el importe de los trajes (Betoret optó por devolverlos) y ambos tienen desde entonces antecedentes penales. M. gallego
La acusaciones pueden recurrir al Supremo, pero no confirman si lo harán
La Fiscalía y la acusación popular, ejercida por el PSPV, no avanzaron anoche si piensan recurrir el veredicto de no culpabilidad emitido por el tribunal del jurado para el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV y diputado en las Cortes, Ricardo Costa. Las acusaciones pueden recurrir el fallo de no culpabilidad (que se ha resuelto por cinco votos frente a cuatro, lo mínimo que exige la Ley del Jurado para la no culpabilidad frente a los siete de los nueve precisos para el caso contrario) ante el Tribunal Supremo. Si este organismo estimara los recursos, anularía la resolución del Tribunal Superior (que ahora, una vez conocido el veredicto, tiene que redactar el presidente del tribunal, el magistrado Juan Climent) y ordenaría la repetición del juicio.
Tal circunstancia se podría dar siempre que el Alto Tribunal entendiera que el veredicto del jurado está carente de motivación, es decir, que los nueve miembros del jurado no han valorado correctamente las pruebas presentadas por las acusaciones y que, como consecuencia de ello, se habría llegado a un resultado erróneo.
Tanto el ministerio público como el letrado de la acusación popular acusaban a Camps y a Costa de un delito de cohecho pasivo impropio por recibir trajes como regalo de la trama Gürtel y pedían para ambos el pago de una multa de 41.250 euros y de algo más de 46.000 euros respectivamente. Los plazos para presentar recursos comienzan a correr una vez notificada la sentencia del TSJ.
