Los cinco sindicatos mayoritarios en el sector público anunciaron ayer la presentación hoy ante los juzgados de un recurso contra el decreto-ley aprobado por el Consell para reducir el déficit público ya que, en su opinión, "vulnera derechos fundamentales" como el de la negociación colectiva.
Así lo manifestaron ayer responsables del sector público valenciano de CC OO, UGT, CSI-F, FSES e Intersindical Valenciana, quienes reclamaron la "retirada y suspensión" de esta medida de ajuste. Para estos sindicatos, la aprobación del decreto, que supone una disminución de los salarios de los funcionarios, entre otras medidas, no "ataca" solamente a los empleados públicos sino "a toda la ciudadanía", pues "recorta los servicios de Sanidad y Educación".
De este modo, exigieron la "inmediata retirada y suspensión" del decreto, e informaron de que sus servicios jurídicos estudian la presentación de "diversas acciones legales", tanto por la vía contencioso-administrativa como por la civil y penal. Estas iniciativas irían dirigidas, según concretaron, contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el exconseller de Economía Gerardo Camps y el exsecretario de autonómico de Economía y actual conseller de esta materia, José Manuel Vela.
Mientras, los mismos sindicatos en la provincia de Alicante han convocado para mañana una manifestación en contra de los recortes y para pedir responsabilidades "a quienes nos han llevado a esta situación", señalaron ayer miembros de las cinco entidades. A la misma están convocados todos los trabajadores del sector público "y los ciudadanos en general, que van a ver mermada la calidad de los servicios que reciben debido a estos recortes", señaló ayer Paco García, portavoz de los sindicatos.
La protesta arrancará a las 18.30 horas de las escaleras del Instituto Jorge Juan y recorrerá las principales calles del centro hasta llegar a la sede del Consell en la avenida del Doctor Gadea. Los organizadores esperan reunir a casi la misma cantidad de manifestantes que el pasado sábado, cuando cerca de 50.000 personas protestaron en Alicante por los recortes en Educación.
En este sentido, se ha modificado el itinerario de la protesta para evitar los problemas del pasado fin de semana, cuando la inesperada gran afluencia de personas colapsó el tráfico de las principales calles del centro. El Ayuntamiento señaló ayer que desde las 18.30 hasta las 20.30 horas permanecerán cortadas las calles General Marvá, Plaza de Los Luceros, Avenida de la Estación (dos sentidos de circulación), avenida de Salamanca, Maisonnave, Doctor Gadea y parque de Canalejas.Una treintena de agentes velarán por la seguridad del tráfico y las líneas de trasporte público afectadas se desviarán por la avenida Benito Pérez Galdós y por la cornisa marítima a través de las avenidas Ramón y Cajal y Eusebio Sempere.
45.000 trabajadores afectados
Según explicaron ayer los principales sindicatos del sector público, el decreto-ley aprobado por el Consell afecta a 130.000 trabajadores de la Comunidad, cerca de 45.000 en la provincia de Alicante. Al margen de las acciones legales que vayan a emprender, los sindicatos también están elaborando informes "de cómo puede afectar a los servicios públicos el despido del 25% de los interinos", una de las medidas que se contemplan dentro del decreto-ley y que en la provincia "puede afectar a 4.000 trabajadores". Tras la manifestación de mañana, las organizaciones sindicales valorarán próximas movilizaciones, "ya que nuestra intención es mantenerlas hasta que el Consell negocie con nosotros o retire el decreto-ley".
También anunciaron la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas "para adherirnos a la propuesta de Cristóbal Montoro para que se persiga a los malos gestores y solicitar la dimisión del conseller Vela que lleva 16 años manejando los presupuestos de esta Comunidad". Las entidades sindicales recordaron que la deuda de la Generalitat asciende a 4.000 millones de euros, "por la que pagamos cada día un millón en concepto de intereses". Ante esta situación, ven inevitable, "que el Consell tenga que echar mano de la cláusula por la que se pude despedir al 25% de los trabajadores temporales de la Administración".
Por otro lado, la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de UGT-PV (UPJP) solicitó ayer una reunión con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, con el fin de mostrar su "preocupación" respecto de las medidas aprobadas por el Consell para reducir el déficit y que "tienen como resultado el cierre de residencias y, por tanto, afectan a la calidad y a la esperanza de vida de las personas mayores".
