La gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), Inmaculada García, anunció ayer al comité de empresa la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a la plantilla formada por 330 trabajadores. El IVVSA se someterá así al mismo proceso de ajuste en el que ha entrado Radio Televisión Valenciana, y se suma a la sangría de empresas públicas decidida por el presidente de la Generalitat. Alberto Fabra anunció el pasado fin de semana la liquidación de Ciegsa, la mercantil que se dedicada a la construcción de centros escolares en la Comunidad.
El anuncio del ERE en el Instituto Valenciano de la Vivienda se intentó maquillar anoche con una nota de Prensa de la Conselleria de Infraestructuras que justificó la decisión de reducir la plantilla del IVVSA, con un supuesto cambio de objetivos de la empresa para "reorientar su labor a su objeto más social". Labor que supondrá el final de la actividad del instituto como promotor y constructor de viviendas sociales (VPO) y la urbanización de suelo en las tres provincias.
La política del IVSSA en cuando a su labor en pro de la vivienda se centrará a partir de ahora, según apuntó Infraestructuras en un comunicado, a la gestión del parque de 16.000 pisos que se destinan a atender las familias con riesgo de exclusión social y sin recursos económicos. Actualmente catorce mil de estas viviendas están ocupadas.
La gerente Inmaculada García trasladó a los representantes de los trabajadores que en unos momentos de fuerte recesión del sector de la construcción "pasan a un segundo plano las actuaciones de urbanización de suelo, que actualmente no tienen una demanda adecuada en el mercado, así como la edificación de viviendas protegidas por el mismo motivo", según la nota hecha pública a primera hora de anoche.
Reflexión que contrasta con la demanda de VPO que sigue latente en el mercado, pero que no ha podido se atendida por la falta de financiación para los compradores, la retirada de las ayudas de la propia Administración y la precaria situación de los promotores, que no tienen recursos para iniciar nuevos proyectos.
El alcance exacto de este ERE no está determinado, y las cifras definitivas del mismo variarán en función del cierre del Plan de Viabilidad que el propio IVVSA está finalizando en estos momentos, según trasladó la Conselleria de Infraestructuras. "Los datos que aporten los estudios que incluye el plan, junto con la redefinición de la organización, estructura y actuaciones prioritarias con las que continuará operando este Instituto, serán los que marquen el alcance final del expediente", señaló la Conselleria en su escrito. Aunque no facilitó las cifras, el futuro de los 330 trabajadores es, sin embargo, más que incierto, al quedarse sin objeto (promoción de vivienda y suelo), el 80% de la función para el que fue creado.
Según el Consell, la política de vivienda del IVVSA se centrará en la mejora y gestión de los cerca de 16.000 inmuebles que componen el parque público de la Generalitat, y que están destinados a familias con riesgo de exclusión social y que apenas presentan recursos económicos. Catorce mil familias se encuentran residiendo en una de estas viviendas a un coste de alquiler mensual muy por debajo del precio del mercado en la Comunidad Valenciana.
"De la misma forma, centenares de personas trabajan en alguno de los comercios ubicados en bajos comerciales de este parque público de viviendas", según la nota de conselleria que dirige Isabel Bonig.
Dos años de agonía por la falta de ayudas
La empresa pública llevaba más de dos años aplicando una política de restricción de gastos, ya que la crisis económica y la crisis en el sector de la construcción especialmente afectaron de manera notable las expectativas de ventas de parcelas de suelo destinadas a nuevas viviendas protegidas así como a la promoción propia. Los constructores habían dejado de solicitar suelo porque, además, tanto el Consell como el Ministerio de Fomento cerraron el grifo de las ayudas en el primer semestre de 2011. Los promotores ya anunciaron entonces de las trágicas consecuencias en forma de aumento del paro.
