En las filas del PP, todo el mundo está pendiente del fallo del jurado popular que juzga a Francisco Camps y a Ricardo Costa por el caso de los trajes de Gürtel. Saben que, en cierta medida, de la resolución depende la estabilidad de los populares valencianos, muy golpeados en estos momentos por la crisis económica y su efecto sobre las vacías arcas de la Generalitat. Una absolución, con toda seguridad, abriría de nuevo en canal al PP. Tanto en Valencia con Alfonso Rus y Rita Barberá como en Alicante con Sonia Castedo se han desatado los recelos contra Fabra, que ha intentado por todos los medios acabar con cualquier vestigio de la gestión de su antecesor. Eso, a su vez, ha provocado una notable división también dentro del grupo parlamentario del PP, donde los diputados afines al exjefe del Consell mantienen una activa campaña a favor de la inocencia de Costa y de Camps, que conservan todavía el escaño. "Todo el mundo tiene ganas de que termine", dijo ayer Fabra en Génova.
Un fallo en contra, sea como fuere, acabaría con los problemas. María Dolores de Cospedal, número dos del PP, aseguró que esperan la sentencia del jurado popular pero que, en todo caso y de producirse una condena, se aplicarán de inmediato los preceptos incluidos en la nueva ponencia política que se discutirá en el congreso de Sevilla. El documento, como ya anunció este periódico, prevé la expulsión de altos cargos en el caso de "comportamientos indeseables". "A mí también me gustaría que otros expresidentes de comunidades autónomas que quizá no están en banquillos pero han tenido actuaciones mucho peores que otros que sí están en banquillos, se hubieran aplicado la misma medicina", agregó para desviar la atención a Andalucía.
La citada ponencia incluye medidas como la expulsión junto con otras con el objetivo de reforzar y agilizar la respuesta ante "comportamientos indeseables" de sus militantes. Para ello, los redactores de la ponencia --Alberto Fabra, Alicia Sánchez-Camacho e Ignacio Diego-- han añadido un nuevo Capítulo Primero a los Estatutos relativo a la los cargos de representación institucional.
En el establecen la obligación de los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización de suscribir una "Carta de Compromisos", que contendrá un conjunto de obligaciones de contenido "ético y deontológico". "La negativa a firmar esta Carta impedirá ser candidato en los procesos electorales, cargo público o tener responsabilidades ejecutivas en el PP", precisa el texto.
Carlos Fabra recurre al Constitucional
El líder del PP en Castellón, Carlos Fabra, reiteró ayer su "inocencia" y anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional la prescripción de los delitos fiscales que incluye el auto de apertura del juicio oral por el "caso Naranjax". El auto de apertura de juicio oral, de hecho, ya lo ha recurrido en la Audiencia de Castellón. En un comunicado, Fabra reiteró "una vez más" su "inocencia" y su "firme convencimiento" de que finalmente será absuelto de las acusaciones. europa press
