El Ejecutivo de Alberto Fabra ha aprobado medidas de ajuste adicional en 2012 que afectan tanto a la Administración como al mastodóntico sector público valenciano. Sin embargo, la tercera pata del gasto público en la Comunidad, las universidades, ha quedado hasta el momento a salvo de los tijeretazos del Consell. Los centros académicos, que sí tuvieron que aplicarse el recorte salarial de Zapatero en 2010, han aprobado presupuestos a la baja pero ninguno de ellos ha puesto en marcha planes de saneamiento para adelgazar sus estructuras. El Consell cree que ha llegado el momento de que la universidad asuma sacrificios. El debate ya se ha producido en el Ejecutivo valenciano y desde la Conselleria de Educación hay voluntad de iniciar el camino.
En el Consell son conscientes de lo controvertido de este debate, habida cuenta de la autonomía de este colectivo, y tampoco se quiere abordar este proceso desde el enfrentamiento, pero la situación de asfixia aboca a coger el toro por los cuernos. La referencia es el polémico decreto ley del 5 de enero pasado de medidas urgentes para reducir el déficit en 1.057 millones sobre el presupuesto de las Corts quince días antes, el 21 de diciembre. En ese momento, el Ejecutivo optó por dejar fuera a las universidades del ámbito de aplicación de la norma. En concreto, el personal de las cinco universidades públicas se ha salvado del nuevo tijeretazo en los salarios, que sí padecerán los empleados públicos de la Generalitat, médicos y docentes, las Corts y las altas instituciones autonómicas. Igualmente, se han librado de las reducciones de jornada en el personal interino, así como del recorte en los pagos por situaciones de incapacidad temporal, complementos o ayudas sociales.
Competencias no le faltaban a la Administración autonómica para haber hecho extensible el decreto ley a las universidades. Un informe de la Abogacía del Estado que obra en poder de Presidencia especifica las competencias que puede ejercer el Ejecutivo autonómico sobre estos centros académicos, sin que ello suponga menoscabo de su autonomía, consagrada en la Constitución. De hecho, en algunas cuestiones las universidades ya son consideradas Administración pública. Por ejemplo, en los balances trimestrales sobre el endeudamiento que hace públicos el Banco de España, la deuda de estos centros se integra en la de la Administración autonómica. La Generalitat tiene facultades para incluirl en sus presupuestos los de las instituciones académicas, pero no lo ha hecho para evitar conflictos.
El Consell aprobó a finales de diciembre un presupuesto consolidado -incluyendo el sector público- de 14.988 millones, que supuso un recorte del 6,4% respecto a 2011. Sin embargo, ante la gravedad de la situación financiera, Fabra anunció a principios de enero el citado decreto ley para asumir mayores sacrificios. El decreto ley prevé un recorte adicional de 819 millones, un 5,46% sobre las cuentas aprobadas de 2012.
Sentarse y negociar con tiempo
El Ejecutivo autonómico cree que la universidad, que la semana pasada salió en bloque para sumarse a las protestas por los impagos de las transferencias pendientes, no ha hecho un esfuerzo equivalente al suyo para apretarse el cinturón. Así, no se han aprobado planes de ajuste o de saneamiento, ni se han dado a conocer medidas extraordinarias para optimizar el gasto. De hecho, no sentó nada bien la denuncia de estas instituciones, cuando se ha tenido guante de seda al dejarlas fuera del citado ajuste. Si no se les ha abonado las cantidades pendientes es porque, literalmente, la caja estaba vacía, un panorama que, tras las medidas acordadas en el último Consejo de Política Fiscal, confían en que comience a superarse.
Los rectores ajustan sus presupuestos a la baja para este año
La magnífica sintonía que en los últimos años marcaba la relación entre el Consell y las cinco universidades públicas se rompió el 17 de enero cuando los respectivos rectores convocaron a sus consejos de gobierno de forma extraordinaria para explicarles la "situación límite" provocada por los impagos del Consell, que puede llevar al cierre de los campus o, como ellos lo calificaron en un manifiesto: "Comprometer el abono de todas las obligaciones" y "el funcionamiento del sistema". Fue la reacción tras comprobar que la subvención de la Generalitat para las nóminas de noviembre no había llegado con el nuevo año. Ni ésta ni la de diciembre, como tampoco la anualidad por la cancelación de la deuda histórica reconocida en 2008: 197.159.854 euros. Las universidades han gozado de una excelente financiación del Gobierno autonómico a lo largo de la década pasada. Con la crisis, sin embargo, estos planes quedaron ralentizados y las universidades sufrieron un recorte en la subvención de la Generalitat que afectó a sus presupuestos anuales. Las medidas que las universidades han ido aplicando para paliar esta reducción afectan tanto a centros como departamentos, con el recorte de gastos; han disminuido vicerrectorados y actividades culturales; no se construyen más edificios y se pone el acento en el ahorro energético, con el cierre en vacaciones de instalaciones.
