Carlos Fabra se sentará en el banquillo de los acusados. El magistrado Jacobo Pin Godos, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, ha decretado la apertura de juicio oral contra el presidente provincial del PP en Castellón por haber cometido supuestamente delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal en el "caso Naranjax". Además le ha impuesto una fianza superior a los 4,2 millones de euros y ha involucrado en el proceso a su mujer, Amparo Fernández; al empresario Vicente Vilar; y a su exesposa Montserrat Vives.
En un auto facilitado ayer por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, el juez estima que hay indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones de productos fitosanitarios haciendo valer su condición de presidente de la Diputación de Castellón. Todo comenzó a finales de 2003. En diciembre de ese año, Vilar, propietario de la empresa Naranjax -una mercantil encargada de la fabricación de productos fitosanitarios-, presentó dos querellas contra el dirigente del PP por delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida; y por delitos contra la propiedad industrial y contra la salud pública. De eso hace ya más de ocho años.
El empresario aseguró en los tribunales que había pagado durante años por informes inexistentes elaborados por una sociedad de la que Fabra era administrador único. Pero el Juzgado de Nules desestimó las dos querellas. No obstante, la juez decidió abrir de oficio una nueva causa al apreciar indicios racionales de la comisión de uno o varios delitos contra la administración pública.
Antecedentes
Desde entonces, han desfilado por el Juzgado de Nules hasta nueve magistrados. Y el proceso ha vivido toda serie de cambios. En diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón acordó sobreseer la causa contra Carlos Fabra y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, por entender que habían prescrito.
Sin embargo, el pasado 1 de diciembre, el Tribunal Supremo revocó esa decisión y ordenó reabrir la causa contra el dirigente popular y su mujer. El alto tribunal admitía así los recursos interpuestos por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores, como acusación popular, que rechazaban la prescripción de los delitos. Pocos días después de conocer la decisión del Supremo, Fabra presentó un recurso de amparo ante el Constitucional y un incidente de nulidad procesal.
Ahora, los acusados tienen un plazo de un día (que podría prolongarse hasta el lunes) para entregar la fianza requerida por el magistrado, y si transcurrido ese plazo no es depositada, se procederá a embargar los bienes de su propiedad en la cantidad necesaria para cubrir la suma fijada, a no ser que se acredite la insolvencia. Junto a la de Fabra, el juez ha impuesto fianzas de 1,7 millones para la mujer del presidente provincial del PP y de 800.000 para Vilar y su expareja sentimental.
Además, las partes disponen de un plazo de diez días para presentar un escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas. Concluida la instrucción, la causa volverá a la Audiencia Provincial de Castellón, donde se iniciará el juicio en la fecha que fije el titular del Juzgado de Nules en su próximo auto.
