La Generalitat prevé ahorrarse más de 88 millones de euros con la implantación de una central de compras desde la que se tramiten todas las contrataciones de servicios y suministros de la administración autonómica -excepto de la conselleria de Sanidad que tiene la suya propia- y de todas sus empresas públicas. Así lo anunció ayer el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, al dar cuenta del decreto aprobado al respecto en el último pleno autonómico. Císcar apuntó que con este órgano centralizador, que estará "funcionando al cien por cien" a finales de este año, espera reducir un 15% el gasto en las contratas de suministros y servicios que, según afirma, asciende a 590,9 millones de euros. La finalidad, apunta, pasa por obtener mejores precios gracias a la economía de escala, reducir así el gasto y aliviar los balances.
Hasta ahora cada conselleria u organismo dependiente de la Generalitat contrataban sus propios servicios, como la limpieza, con lo que "existen contratos dispersos para prestar servicios que, en muchos casos, son comunes", puntualizó. Ahora, según explicó Císcar toda la administración de la Generalitat, así como sus empresas, fundaciones y sus organismos autónomos -como el Instituto Valenciano de Finanzas, Radiotelevisión Valenciana, Teatres o el Servef, entre otros- están obligados a centralizar sus contratos en la central de compras, a la que también se podrán adherir los ayuntamientos y las universidades públicas de la Comunidad.
En primer lugar, dijo, se realizará un análisis de las necesidades de futuro y, posteriormente, la central de compras será la única en dirigirse a las empresas suministradoras. El vicepresidente del Consell señaló que se elaborará un único pliego de condiciones y habrá una única adjudicación para cada producto o servicio, pero no tendrá por qué recaer en una misma mercantil. Al respecto, Císcar aclaró que para determinados servicios la adjudicación se realizará por lotes "de forma que no tiene por qué hacerse cargo una única empresa".
Para Císcar, la implantación de esta central de compras supondrá "un control absoluto y total" porque "concentrará" todo el gasto de la Generalitat Valenciana en los contratos. Al respecto, destacó que para su gobierno es una prioridad la contención y control del gasto, por lo que aseguró que no tienen "ningún problema" en que le controlen desde el Ejecutivo central.
Durante el primer semestre se elaborarán los pliegos de condiciones, pero se respetarán los contratos que actualmente están en vigor. Entre los servicios y suministros que se verán afectados por la centralización, Císcar destacó, entre otros, el suministro de energía eléctrica, la climatización, el material informático y de oficina, la papelería, el mobiliario o los uniformes de trabajo y servicios como la limpieza, la seguridad, seguros, mensajería o el mantenimiento de las dependencias públicas. A ellos irán sumándose otros con el paso del tiempo.
Por otro lado, Císcar aseveró que una de las prioridades a las que harán frente con los 420 millones de euros que les adelantará el Gobierno, será el pago a las residencias que atienden a personas dependientes, así como otras "necesidades urgentes" en Educación, Sanidad, Servicios Sociales y ayuntamientos. Con ese dinero y la posibilidad de acceder a un préstamo ICO, el Consell prevé diseñar en los próximos dos meses un calendario de pago a los proveedores, lo que "no significa", dijo, que se vaya a saldar la totalidad de la deuda que la administración mantiene con ellos y que asciende a 3.200 millones.
El vicepresidente reiteró que el Consell tendrá "tolerancia cero con la corrupción", pero hizo hincapié en la "presunción de inocencia" al ser preguntado por el caso Brugal y el de Emarsa. En cuanto a la Fórmula 1, desveló que la Generalitat está manteniendo "contactos informales" con Cataluña sobre la organización del Gran Premio y anunció novedades en breve. Fabra ya ha anunciado que la carrera continuará pero reduciendo los gastos.
El PSPV plantea una alternativa al decreto de los recortes
El secretario general y portavoz del PSPV en las Cortes, Jorge Alarte, presentará una proposición no de ley que, según afirma, permitiría ahorrar 587 millones a la Generalitat durante el año 2012 como "alternativa" al decreto de recortes aprobado Consell. Para alcanzar este fin, Jorge Alarte consideró "urgente" que de los casi 1.000 millones de euros que aporta la Generalitat a las empresas públicas "se recorten inmediatamente 354 millones". El socialista también expuso otras propuesta dentro del plan, como una reducción de 20 millones en las aportaciones a las fundaciones públicas o la reducción de los gastos corrientes en unos 73 millones, unos 12.000 millones de pesetas. A.R.
