El letrado de Ricardo Costa, Juan Casanueva, arrancó su alegato con la advertencia al jurado de que es un juicio político. "Este proceso buscaba la destrucción del secretario general de un partido y del presidente de una comunidad, pero eso no es correcto", remarcó. Casanueva indicó que le comentaron en julio la posibilidad de llegar a una conformidad y le dijo a su cliente que bajo ningún concepto aceptara porque quería demostrar su honestidad.

El defensor trató de rebatir las 18 pruebas de la Fiscalía e incluso trató de ridiculizar la puesta en escena de la presentación multimedia del letrado de la acusación popular, Virgilio Latorre. El abogado insistió en que Ricardo Costa no pudo cometer el delito con independencia de si recibió o no los regalos porque a diferencia de los dos condenados en la causa y de Camps no fue miembro del ejecutivo autonómico. Además, afirmó que de los 19.000 folios de la causa solo hay 5 sobre Ricardo Costa. El letrado aseguró que la jurispredencia ha establedido que se puede recibir regalos como parlamentario sin que ello sea delito.

Juan Casanova recordó que solo ha utilizado dos pruebas. La declaración del sastre Antonio Puebla que advirtió que las tallas de Costa que aparecen en la causa son falsas y un manuscrito de la secretaria de Costa que respaldaba su versión de que pagó. El letrado incidió en que su cliente se pagó los trajes de Milano a través de Álvaro Pérez y que no hizo ninguna adquisición en Forever Young.

El defensor lamentó que la Fiscalía ha aumentado el número de prendas que supuestamente recibió de la trama sin ningún tipo de prueba. Casanueva reiteró que es falso que recibiera regalos y precisó que la vinculación que tuvo con Orange Market fue por su cargo en el PPCV. El abogado añadió que la relación de las empresas de Correa con el partido en Valencia comenzó antes de la toma de responsabilidad de Ricardo Costa en el PPCV. Casanueva destacó que el dueño de Forever, Eduardo Hinojosa, declaró que no había tickets de compra a nombre de Costa y que "imposible que unos pantalones y un traje cuesten cuatro mil euros como marca el documento 71".

El letrado aseguró que las conversaciones grabadas en las que Costa le pidió a El Bigotes que intercediera por él ante Camps para que lo nombrara conseller "son sesgadas", no tienen nada que ver con el procedimiento y solo prentendían "manipular al jurado" Además, añadió que ninguna grabación evidencia que la trama le regaló trajes.