El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunció ayer que el Gobierno va a exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de los límites presupuestarios. La modificación legal quedaría recogida en una modificación de la Ley de Transparencia. La iniciativa, recogida en el programa electoral del PP, según indicó el portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Antonio Alonso, pretende, en palabras de Montoro, que "un gestor público, sea un político o un gestor nombrado por un político, no pueda gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto, y los que "falsean" la contabilidad, afronten las mismas responsabilidades que un gestor privado.

La figura a la que se refiere el ministro es el delito societario tipificado en el Código Penal de 1995, en el que se advierte que "los administradores, de hecho o de derecho (...) que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios o a un tercero, serán castigados con pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses".

Montoro no quiso precisar el alcance de la modificación legal anunciada. Sí que señaló que con la iniciativa "se pretende que haya rigor en la gestión de un gobierno" y apuntó a que "si un ejecutivo quiere gastar más, que lo haga subiendo los impuestos a los ciudadanos y que estos decidan después en las elecciones si el proceder ha sido el correcto". "Lo que no es correcto -añadió- son las facturas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables", lo que supone uno de los problemas más graves de España", apuntó el ministro.

Los expertos jurídicos destacaron la dificultad que supondría acotar y definir las responsabilidades penales de los gestores públicos derivadas de elevar el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto, dados los imprevistos que pueden surgir en la gestión pública, según varios expertos en derecho penal consultados.

"Todos a la cárcel"

El presidente del PSOE, Manuel Chaves, recordó ayer que, en un Estado de derecho como el español, los gestores públicos que cometen un delito ya están sometidos a las leyes, en tanto que las responsabilidades políticas deben dirimirse en el Parlamento. El diputado de CiU Carles Campuzano calificó de "paternalista" la actitud del Gobierno del PP respecto a las comunidades autónomas. Por su parte, Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, rechazó la idea: "Si aplicásemos ese criterio a los bancos, los particulares y las administraciones públicas estaríamos en la locura, en el todos a la cárcel de Berlanga y esa no es la forma de funcionar en un estado democrático", comentó.

El ICO emite 2.000 millones de deuda

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado una emisión "benchmark" por 2.000 millones de euros a un plazo de cinco años bajo el programa GMTN (Global Medium Term Note), informó el organismo. En concreto, la emisión paga un cupón anual del 4,625 % y tiene fecha de vencimiento el 31 de enero de 2017. La operación ha sido dirigida por Bankia, Barclays Capital, BBVA y Crédit Agricole. El libro de órdenes se abrió ayer a las 9 horas con un precio inicial de oferta de 70 puntos básicos sobre el bono a cinco años del Tesoro español (SPGB). La fuerte demanda generada por la colocación, el primer "benchmark" (una emisión basada en ligarla al rendimiento de otra) que lanza el organismo presidido por Román Escolano en 2012, permitió cerrar finalmente la transacción con un volumen de 2.000 millones de euros a un precio de 65 puntos básicos sobre el SPGB, añadió el ICO. El volumen de emisiones a medio y largo plazo realizadas en 2011 ascendió a 27.424 millones de contravalor en euros. En el ejercicio, el ICO siguió su estrategia de diversificación de fuentes de financiación, tanto por plazo como en lo referente a su base inversora. Así, durante 2011 se cerraron transacciones en euros, dólares y yenes, si bien las circunstancias del mercado propiciaron que la mayor parte de la financiación se realizara en euros. e. p.madrid