La comisión provincial de la policía judicial, que agrupa a las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales, ha acordado que a partir de ahora los agentes de la policía local, Nacional y Guardia Civil testifiquen "siempre" por videoconferencia desde sus respectivas comisarías.

Así lo ha informado el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, al término de una reunión a la que han acudido los principales mandos policiales de la provincia y a la que también ha asistido la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), Pilar de la Oliva.

Esta iniciativa pretende evitar unas "molestias tremendas" a los agentes, que a menudo tienen que realizar largos desplazamientos dentro de la provincia para dar su testimonio en el juzgado en vistas orales que, a veces, en el último momento se aplazan o suspenden por incomparecencias o conformidades.

Magro ha señalado que estos desplazamientos causan "disfunciones importantes" a los respectivos cuerpos policiales ya que disminuye la presencia de agentes en las calles e, incluso, cuando la citación se produce en un día de descanso, los cuerpos o ayuntamientos deben compensar el tiempo invertido y pagar dietas por el kilometraje.

El presidente de la Audiencia ha estimado que cada mes se recaba la presencia de unos 250 agentes de las policías local, Nacional y Guardia Civil en el palacio provincial para ser testigos, cifra que se multiplica si se cuentan a los juzgados de lo penal de la capital, Elche, Orihuela, Torrevieja y Benidorm.

Según Magro, todas las comisarías y los juzgados de lo penal están equipados técnicamente para la grabación y emisión de estas videoconferencias, aunque se dirigirá a la Conselleria de Justicia para confirmar que los sistemas están disponibles.

Tras el acuerdo de hoy, el próximo miércoles la sala de gobierno del TSJCV previsiblemente dará el visto bueno a la medida.

Hasta el momento, el uso de la videoconferencia era voluntario para este tipo de casos y normalmente sólo era utilizado para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando los agentes habían sido destinados a otras provincias.

Además de esta cuestión, la comisión provincial de la policía judicial se ha propuesto aplicar en un juzgado de lo penal de Alicante (a decidir) un protocolo de conformidad ya iniciado hace unos días en el Penal 8 de Valencia, que podría permitir evitar el 30 por ciento de los juicios.

Al igual que en el caso de los agentes, se pretende que este protocolo facilite que las partes lleguen a un acuerdo mediante la aceptación de la pena de la fiscalía (rebajada) con el fin de evitar que se llegue a fijar la fecha de juicio.

Magro ha explicado que sólo en las primeras 24 horas de funcionamiento en el juzgado valenciano se evitó la comparecencia de 47 personas, con el consiguiente ahorro en horas y en productividad de los funcionarios de la instancia judicial.

La comisión también ha dado luz verde a un protocolo de coordinación de la "huella genética del ADN" para que el Instituto de Medicina Legal de Alicante informe a las fuerzas de seguridad de los restos biológicos que registre, con el fin de contribuir a esclarecer hechos delictivos pendientes.

Magro también ha apuntado que se impulsará la celebración de los juicios rápidos en todos los partidos judiciales, que en la práctica ahora sólo siguen los juzgados de lo penal de Alicante y Elche, en 80 por ciento de los casos.

De esta manera, se conseguiría una sentencia en el plazo de un mes y se disminuirían las tasas de reincidencia de condenados en delitos como robos, hurtos, violencia machista, distribución de droga al menudeo y alcoholemias.