Las comunidades autónomas y el resto de administraciones deberán aprobar un techo de gasto previo a sus presupuestos, en tanto que se enfrentarán a eventuales sanciones en función de la reincidencia y gravedad de sus incumplimientos de las normas de estabilidad presupuestaria. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que estas premisas constan en el anteproyecto de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria que presentó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que llevará el próximo martes al Consejo de Política Fiscal y Financiera. El objetivo final es que todas las administraciones públicas presenten equilibrio o superávit, es decir, que el déficit no supere el 0,4% del PIB, y que su deuda no supere el 60% del PIB.

Pero hasta que finalice el periodo transitorio, Sáenz de Santamaría explicó que el techo de gasto servirá para elaborar los presupuestos y, posteriormente, será cada autonomía la que decida la distribución de los mismos. Además, este anteproyecto prevé "mecanismos correctores" para devolver a la senda de la estabilidad eventuales desviaciones del déficit o la deuda durante la ejecución del presupuesto.

Estos mecanismos contemplan que cuando haya una desviación en los objetivos de déficit y deuda se establezca una corrección "cuasiautomática" que tendrá como referencia un porcentaje del PIB, y se verá cómo debe solucionarlo la administración responsable. En función de los baremos de gravedad o reincidencia que establezca el Ejecutivo se definirán las correspondientes sanciones, aún por determinar.

Todos los proyectos de presupuestos deberán acompañar la equivalencia en términos de deuda o superávit, recoger información sobre niveles de endeudamiento, inversiones de empresas públicas, datos de evolución de la deuda pública, avales otorgados, obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados de operaciones de pago aplazados.

Por otra parte, Cristóbal Montoro anunció ayer que aplazará diez años la devolución correspondiente a los anticipos a cuenta a las administraciones públicas para que promuevan la financiación que necesitan "con urgencia" en la provisión de los servicios públicos. El aplazamiento afecta a los anticipos a cuenta recibidos por las administraciones publicas, tanto ayuntamientos, como diputaciones y organismos autonómicos durante los ejercicios de 2008 y 2009 y que se elevan a 24.000 millones de euros.

En 2012 los gobiernos autonómicos tendrían que devolver cerca de 2.400 millones de euros, con lo que ahora dispondrán de este dinero para "la financiación que necesitan con urgencia" en la provisión de los servicios públicos, comentó Montoro.