Las medidas de ajuste aprobadas por la Generalitat para contener su déficit han hecho estallar a los sindicatos de los funcionarios y empleados públicos con la convocatoria de protestas y de una manifestación para el próximo 26 de enero en contra de unas medidas que califican como "el mayor ataque de la historia" al sector público. Sobre todo, después de que hayan conocido que el decreto que ayer entró en vigor abre la vía al despido de una cuarta parte de los interinos al servicio de la administración autonómica, lo que podría afectar a 4.000 trabajadores temporales de la provincia. Además de las movilizaciones, representantes de CC OO, CSIF, FSES, Intersindical y UGT están dispuestos a emprender "medidas legales" para exigir la retirada del decreto que, según afirman, "vulnera la legalidad vigente".
Las cinco organizaciones sindicales han hecho frente común ante los recortes con la intención de que "se depuren todas las responsabilidades políticas" que se deriven "de la mala gestión realizada". Al respecto, han comenzado a recoger firmas para exigir "que dimita o sea cesado" el conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, pues recuerdan que ha sido el responsable directo de la elaboración y ejecución de los presupuestos autonómicos en las últimas legislaturas. Los sindicatos también pedirán una reunión urgente con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para trasladarle su malestar y exigirle la retirada del decreto.
En cuanto a las medidas de protesta, los representantes de los trabajadores públicos convocarán asambleas informativas en todos los centros de trabajo de los sectores de Justicia, Sanidad, Educación y Administración afectados por los recortes. El próximo viernes han convocado la primera de las acciones de protesta con concentraciones de cinco minutos en los centros de trabajo del sector público. Además, todos los jueves -a partir del 19 de enero- se repetirán concentraciones de una hora en todos ellos. El 26 de enero, a las 18.30 horas, han convocado una manifestación en todas las capitales de provincia de la Comunidad. También contemplan otra a escala autonómica durante el mes de febrero y, tal y como advierten, no descartan más medidas de protesta "hasta que el Consell retire el decreto".
Para los sindicatos, los recortes suponen "una nueva agresión a los empleados del sector público" y son consecuencia del "despilfarro" y de que la Generalitat "ha gastado más de lo que tenía en fastos y gastos superfluos que nos han llevado a la situación de quiebra y bancarrota que padece nuestra Comunidad". En esa línea, UGT ratificó ayer su intención de denunciar al expresidente del Consell, Francisco Camps, ante la Fiscalía Anticorrupción por "el uso indebido de fondos públicos". El CSIF avanzó que recurrirá el decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Algo que también hará CC OO.
Desde este último sindicato indican que las medidas de ajuste afectarán a unos 45.000 trabajadores de la provincia dependientes de la administración autonómica y calculan que unos 4.000 interinos se encuentran bajo la espada de Damocles con la vía que deja abierta el Consell para despedir a un 25% de ellos si no logra contener el déficit.
La secretaria general CC OO en L'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, sostiene que las medidas de ajuste aprobadas por el Ejecutivo autonómico "sólo conseguirán deprimir la economía, porque suben los impuestos a los asalariados y destruyen empleo". En su opinión, "es una estrategia para ir cargándose los cimientos del Estado" y mermará la atención a la ciudadanía "sobre todo en Sanidad y Educación".
Dentro del sector educativo son muchas las voces críticas. La secretaria general de FETE-UGT en l'Alacantí UGT, Silvia Pardo, insiste en que los recortes que afectan al profesorado afectarán negativamente a la educación y considera que el suprimir los contratos de los interinos a finales de junio -y no mantenerlos hasta agosto como ocurría hasta ahora- provocará problemas de organización. Desde el STEPV, Marc Candela coincide en la agresión que suponen estas medidas para la enseñanza pública y muestra su preocupación por la disposición que abre la vía para el despido de interinos del sector público en el futuro. Una medida que se contempla en el decreto, pero de la que el conseller Vela no informó a los sindicatos en la última reunión, como señala la Intersindical.
Por parte del sindicato de enseñanza pública Anpe, se trata de una posibilidad que, de aplicarse, sería "nefasta" para la educación pública en la Comunidad. Para esta última organización "la educación pública y los docentes no pueden ser las víctimas de la crisis".
Los directores advierten del peligro para la Educación
Los ajustes contemplados en el ámbito de la Enseñanza han caído como un jarro de agua fría entre los directores de Primaria y Secundaria de la provincia, que han convocado reuniones para valorar el alcance que pueden tener las medidas. La portavoz de la Asociación provincial de directores de Secundaria, Laura Oliva, indica que ya han trasladado al jefe provincial de Educación, Jorge Cabo, el "malestar" de los centros educativos ante los recortes anunciados por el Consell y su preocupación "porque no sabemos si vamos a poder funcionar" con los ajustes propuestos. Una de las cuestiones que más preocupa a los directores es la vía abierta que deja el Consell para poder despedir a una cuarta parte de los interinos al servicio de la administración autonómica. "Si despiden al 25% de los interinos los centros de Infantil y Primaria no podrían funcionar y no se podría atender al alumnado", sostiene el portavoz provincial de los directores de estos centros, Ginés Pérez. Este último considera que los ajustes son "un ataque a la función pública" y asegura no entender "por qué tenemos que ser nosotros quienes tengamos que ajustar el desfase e incompetencia de algunos políticos".
