Entre parejas anda el juego y el juicio que ayer se celebró en un juzgado de lo Penal de Alicante por la presunta usurpación ilegal de datos de los clientes de un establecimiento de intercambio de parejas. Un hombre y una mujer, dueños de uno de estos negocios, se sentaron ayer en el banquillo por un delito contra el mercado y los consumidores por los que el fiscal solicita dos y tres años de prisión para cada uno de ellos por captar de forma ilegal, supuestamente, a los clientes de otro establecimiento donde la acusada había trabajado previamente, también especializado en este tipo de contactos.
Los hechos se remontan a 2005, cuando la acusada, encargada del pub de intercambio Papúa de Alicante, accedió presuntamente a una base de datos de clientes privada para obtener los nombres, teléfonos y preferencias de los usuarios que frecuentaban el local aprovechándose del conocimiento de las claves de acceso. Este fichero se había creado para uso privado y exclusivo de la empresa, todo ello de carácter reservado y consentido por los clientes en tanto que la empresa adquiría el compromiso de no revelarlo ni hacer otro uso que el autorizado al establecimiento. La clave de acceso se cambiaba continuamente por los propietarios, quienes transmitían la nueva únicamente a la acusada, según aseguraron en su denuncia.
Tras un tiempo trabajando en este local, la acusada dejó voluntariamente su trabajo y abrió otro negocio similar llamado Atrévete y que estaba regido por los dos acusados. Según el escrito del fiscal, los procesados, con el fin de obtener mayores beneficios y publicitar el negocio, remitieron mensajes con invitaciones a los clientes del otro establecimiento. Según la Fiscalía, esta base de datos tuvo que ser transportada en algún soporte. Posteriormente, cambiaron las claves de acceso del ordenador original e hicieron desaparecer el listado de clientes, que ya estaba en poder del nuevo establecimiento que habían abierto. Ambos socios se aprovecharon de esa información "confidencial" e "ilegal" para "aumentar el rendimiento del negocio", según el escrito de acusación. El fiscal les imputa un delito contra el mercado y los consumidores, que castiga con penas de dos a cuatro años de prisión a todo el que, para descubrir un secreto de empresa, se apodere de datos considerados privados o personales.
