Más de 140.000 euros entregados por clientes dilapidados en el juego. La Audiencia de Alicante sentó ayer en el banquillo de los acusados a los responsables de la mercantil que entre 2001 y 2003 explotaba un concesionario de motocicletas Harley Davidson en Alicante y que perdió la concesión a raíz de estos hechos. A uno de los acusados se le juzga por apropiación indebida, ya que se gastó el dinero que le adelantaban los clientes por las motos; mientras que al otro socio y su esposa, que desconocían las actividades de éste, se les acusa de haber intentado alzar bienes del negocio para tratar de eludir el pago de indemnizaciones en el juicio.

Fuentes cercanas al caso señalaron que los informes forenses son claros al decir que el acusado padecía una ludopatía por la que jugaba de manera compulsiva. No podía parar de jugar y lo hacía 364 días al año. El único día que no lo hacía era el de Nochebuena, que es el único en la que cerraban los casinos. El acusado reconoció en el juicio celebrado ayer en la Audiencia que no podía parar de jugar, hasta el punto de que había jornadas en las que tan sólo dormía dos horas porque se iba a los casinos de Villajoyosa y Torrevieja. En la actualidad, según aseguró, ha superado esta adicción al juego tras haberse sometido a tratamiento.

Los afectados, que ascienden a trece, adelantaron por las motocicletas cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 24.000 euros, sin que se les llegara a entregar vehículo alguno.

Los informes forenses establecen que el acusado tenía las facultades totalmente mediatizadas "impidiéndole actuar libremente, anulando su voluntariedad, dirigiendo su conducta al juego y a las conductas encaminadas a la obtención del dinero con el que financiar su juego". Asimismo, los informes médicos aseguran que el acusado no sufría alteración alguna en sus facultades, y que distinguía perfectamente lo está bien de lo que está mal. Por ello, la Fiscalía considera que existe una eximente incompleta de alteración física por lo que inicialmente solicitaba once meses de cárcel por apropiación indebida y siete meses más por falsedad documental, pena que podía modificar hoy en la sesión final del juicio para rebajar un poco más después de que el acusado hubiera reconocido todos los hechos. De todos modos, el ministerio público reclama que se someta al acusado a tratamiento médico para evitar su adicción.