Frente a la tijera y el impago, el recurso a los tribunales. Los centros especiales de empleo de la Comunidad Valenciana, que dan trabajo a 4.300 personas con discapacidad, han iniciado un proceso de demanda contra la Generalitat por el impago de todas las subvenciones de 2011 y parte de las ayudas de 2010, una deuda que rondaría los 27 millones de euros. Así lo acordaron los representantes de los 127 centros especiales de empleo reunidos ayer, en la sede de la ONCE en Valencia, en una asamblea extraordinaria convocada por la "situación caótica" en la que se halla atrapado este vivero de trabajo para discapacitados por culpa de los impagos del Consell.
Bastan tres ejemplos: en los últimos meses, cinco centros han presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), otros dos centros han suspendido pagos, y la gran mayoría adeuda varias nóminas a sus empleados. Y lo que más sangra a los afectados: todo el dinero adeudado por la Generalitat a los centros especiales de empleo ya ha sido transferido por el Gobierno central a la administración autonómica, porque se trataba de partidas finalistas. "Eso es apropiación indebida (por parte del Consell), les guste o no", denunció Joan Planells, presidente en la Comunidad Valenciana del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
A mano alzada y por 40 a 0, los representantes de los centros presentes votaron a favor de impulsar el proceso judicial contra la Generalitat para reclamarle el pago de las subvenciones y también de los intereses de demora. El procedimiento ya está en marcha: unos treinta centros especiales de empleo ya han presentado el precontencioso, es decir, las alegaciones previas ante la Generalitat que obligatoriamente preceden a la demanda por la vía de lo contencioso-administrativo. Una vez haya finalizado el plazo de alegaciones, que es de tres meses, se presentará la primera demanda en el juzgado de lo social. Entonces, la confederación empresarial de centros especiales de empleo solicitará la agrupación de todos los expedientes presentados (calculan que habrá más de 70).
Las previsiones de la Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (Agevalcee) son muy preocupantes para el sector de la discapacidad. Estiman que en el primer trimestre de este año, el número de centros pasará de 127 a 112 y unos 200 puestos de trabajo para personal discapacitado serán suprimidos. La asfixia económica, agravada por el propio endeudamiento de los centros, lleva a la plataforma a prever que "una quinta parte" de los trabajadores con discapacidad perderán su empleo.
"Un factor laboralÉy social"
A juicio de Juan José Serrano, presidente de Agevalcee, esto es dramático porque "aunque la destrucción del empleo es general en cualquier empresa ordinaria, en las empresas con personal discapacitado luego es más difícil de recuperar, ya que no sólo hablamos de un factor laboral o profesional, sino también social".
De ahí las voces de indignación de los presentes: "No pedimos limosna, sólo exigimos que se cumpla la ley"; "nos quieren quitar de en medio porque nos ven como chupópteros"; "ya está bien de tener miedo", decía otro, replicando al presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, quien recordó aquello de "no muerdas la mano que te da de comer". Pero el mordisco ya ha empezado. Y tiene carácter legal.
