La Fiscalía de Alicante ha pedido penas de hasta quince años de prisión para cuatro guardias civiles imputados en un presunto caso de corrupción policial en un cuartel de la provincia, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. En el banquillo de los acusados se sentarán dos sargentos, un agente y un cabo de la Guardia Civil de Ibi acusados de falsear atestados, apropiarse de dinero de los detenidos e incluso deshacerse de algunas papelinas de droga intervenidas. Todos ellos siguen en sus puestos, aunque los sargentos denunciados están de baja.

Los tres principales imputados son el excomandante del puesto,, para el que se piden cinco años y medio de cárcel, el jefe del área de investigación, que se enfrenta a penas que suman hasta quince años, y un agente, para el que se reclaman otros nueve años. Con estas penas tendrían que ingresar en prisión en el caso de que fueran condenados en el juicio. Además se les reclaman multas y su inhabilitación profesional. Se les imputan los delitos de infidelidad en custodia de documentos, omisión en el deber de perseguir delitos, falsedad documental y apropiación indebida.

A una de las sargentos implicadas en los hechos sólo le piden nueve meses de inhabilitación por no haber investigado ni denunciado las supuestas irregularidades a pesar de que las conocía, aunque la acusación particular que ejerce la Asociación Unificada de Guardias Civiles considera que es inocente y por tanto pedirán su absolución. La investigación partió de una denuncia de la AUGC.

La primera de las supuestas irregularidades denunciadas se produjo el 18 de marzo de 2010, a raíz de la detención de dos ciudadanos extranjeros por parte de la Policía Local del municipio, a quienes se les había intervenido 325 euros en el momento del arresto. La Fiscalía sostiene que los implicados hicieron desaparecer los atestados de la Policía Local sustituyéndolos por otro en el que no se hacía referencia al dinero intervenido, con la intención de quedarse con él, según el escrito de acusación. Los 325 euros aparecieron ingresados en la cuenta del juzgado de Ibi dos meses y medio después de los hechos, cuando los detenidos habían empezado a reclamar el dinero y sin que la autoridad judicial tuviera conocimiento de su existencia. Un mes más tarde, dos de los acusados habrían hecho desaparecer hasta 341 euros de los 2.000 que se intervinieron en otra operación. Los agentes hicieron constar en el atestado una cantidad interior a pesar de que, según el fiscal, en las fotos podían apreciarse más billetes.

También desapareció de los atestados una consola Play Station 3 que se había intervenido en otra operación y que el exresponsable del cuartel se llevó a su casa. La consola fue devuelta meses después de que el hecho fuera conocido por muchos de los agentes del acuartelamiento.

Las irregularidades se han detectado también en investigaciones por drogas. Una de ellas el 4 de mayo de 2010, fecha en la que el cabo imputado se deshizo de una papelina con cocaína que se había intervenido en una operación y la sustituyó por otra bolsa con una sustancia inocua. Además, el 24 de septiembre de ese año el sargento habría hecho desaparecer una denuncia contra el Pub Septiembre de la localidad en la que se le sancionaba por permisividad en el consumo de drogas. El mando llamó a los agentes que habían intervenido y les dijo "si podían retirar la denuncia ya que el padre del denunciado era amigo suyo". Ante la negativa de éstos, el sargento hizo desaparecer la droga y el atestado, según el fiscal.