La asfixia económica que atraviesa el Consell puede dejar en la calle a uno de cada cuatro trabajadores interinos de la Administración de la Generalitat. El decreto-ley de medidas urgentes para la reducción del déficit, que se publicará hoy en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV) y al que tuvo acceso ayer este diario, deja a las claras que el colectivo de trabajadores temporales del Ejecutivo autonómico será uno de los más afectados por el nuevo plan de ajuste.

"El Consell, en el ámbito de sus competencias, podrá aprobar Planes de Ordenación de Personal con la finalidad de ordenar la Administración de la Generalitat, para la reducción de hasta un 25% de los efectivos de carácter temporal, para alcanzar los objetivos establecidos en materia de reducción del gasto público, así como para lograr una mayor racionalidad y eficacia en la Administración de la Generalitat y en las entidades autónomas dependientes", reza el documento.

Ese párrafo da vía libre al Ejecutivo de Alberto Fabra para adelgazar los gastos del personal temporal y contrasta con las manifestaciones que han venido realizando los consellers durante los últimos días. La última, la del vicepresidente José Císcar este pasado domingo en la entrevista que publicó INFORMACIÓN. "No se va a despedir a interinos", sentenció tras ser cuestionado al respecto. El decreto-ley, por el contrario, viene a decir todo lo contrario. Aunque no explicita que se vayan a producir ajustes de plantilla a corto plazo, sí que abre la puerta a un futuro recorte.

De aplicarse esa reducción del 25% de interinos, hasta 10.000 trabajadores perderían su empleo. Según los datos que maneja CC OO, la administración valenciana cuenta con 130.000 asalariados (40.000 de ellos son de carácter temporal), incluidos docentes y personal sanitario.

Aunque el ámbito de aplicación del decreto no está definido, fuentes de la Conselleria de Hacienda admitieron que la disposición primera afectaría a todo el sector público, incluido los docentes y sanitarios. Eso sí, aseguraron que esta cláusula es sólo una previsión y que no está en los planes del Consell su aplicación inmediata. "Lo previsto es adoptar las medidas anunciadas el viernes", indicaron las citadas fuentes.

Al margen del número de posibles despidos, una de las medidas más polémicas del tijeretazo del Consell afecta a los profesores interinos, a quienes se les rescindirá el contrato el 30 de junio, con lo que no cobrarán ni en julio, ni agosto como venía siendo habitual. Según las previsiones de la Generalitat, la medida acarreará un ahorro de 32 millones de euros. Sin embargo, para CC OO supondrá "un caos" en la organización educativa. En la provincia, donde hay unos 6.000 interinos en la docencia, hay centros que se verían gravemente afectados al estar conformados mayoritariamente por interinos. Aunque a partir de julio no haya clase, es la época en la que se organiza el próximo curso.

Sin datos concretos

En el decreto-ley se insiste en que todas las medidas serán aplicables como máximo hasta 2014. Aunque eso sí, no se cuantifica el ahorro que supondrá cada tijeretazo. Este pasado jueves, por el contrario, el Gobierno de Fabra anunció que los recortes serían de 440 millones en Sanidad, de 258,2 millones en los salarios de los funcionarios, de 238 millones en el bolsillo de la ciudadanía mediante la subida de impuestos, y de 121,3 millones en el sector público.

Decisiones "urgentes" y "excepcionales" para los años 2012 y 2013

El polémico decreto califica de "urgentes" las medidas de ajuste propuestas por el Consell y sostiene que se adoptan "en un contexto excepcional" y "sin precedentes" ante la "falta de liquidez" de la administración autonómica para hacer frente a sus obligaciones con los bancos y proveedores.

En el preámbulo del decreto se explica que las medidas afectan tanto a los gastos como a los ingresos con el objetivo de "reducir el desequilibrio presupuestario de la Generalitat" y poder hacer frente a los compromisos de pago en "los próximos dos ejercicios" (2012 y 2013), así como "garantizar que el sector público autonómico se afiance en una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la evolución futura de la deuda y del déficit público autonómico".

En el texto también se hace referencia a las dificultades para obtener fondos en los mercados financieros, cuya confianza en la Comunidad Valenciana ha caído en picado, tal y como han certificado las agencias crediticias y ha quedado patente con el fracaso de la última emisión de deuda. El decreto "complementa" los ajustes tomados por el Gobierno central y se concentra en materia de personal y la subida impositiva.