Nueve de cada diez municipios de la provincia subirán, entre un 4% y un 10%, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante este año y el que viene como consecuencia de la subida acordada por el Gobierno central para paliar el déficit. Dicho de otra forma, sólo 13 municipios se librarán del incremento aprobado en el último Consejo de Ministros.
Pero no todos los propietarios de viviendas pagarán lo mismo. La subida dependerá de la antigüedad de la revisión catastral. Así, el máximo incremento lo experimentarán los vecinos de los municipios en los que la valoración de los inmuebles sea anterior al año 2002. En esos casos, el aumento del impuesto será de un 10%. Es el caso de 92 municipios de la provincia, según se desprende de los últimos datos publicados por la Dirección General del Catastro. Entre ellos se encuentran la capital -donde la revisión se realizó en 1996- y la mayoría de los grandes municipios, como Elche, Alcoy, Benidorm, Elda, Orihuela o San Vicente del Raspeig.
Por ejemplo, si el Ayuntamiento de Alicante sacó al cobro durante 2011 recibos por valor de 77,6 millones de euros, durante este año incrementará su recaudación hasta los 85,3 millones, 7,7 millones más. En la práctica, supone que un recibo medio de 273 euros se incrementará hasta los 300 euros, 27 euros más. El tipo impositivo en la capital -congelado desde los últimos años- es del 0,77% y con el incremento del 10% aprobado por el Gobierno pasará a establecerse en el 0,85%.
En el caso de los municipios en los que el parque de viviendas se haya revisado con posterioridad a 2002, sólo experimentarán una subida del IBI los propietarios de la mitad de las casas, las que tengan mayor valor catastral. Pero hay excepciones. En los casos en los que la revisión se produjera entre los años 2005 y 2007, en pleno boom inmobiliario, no se subirá el impuesto. En esta situación hay 13 municipios, entre los que se encuentran Agost, Castalla, Dolores, Xàbia o La Vila Joiosa.
Cuando la valoración se haya producido entre los años 2002 y 2004, la subida será del 6% y afectará sólo a la mitad de las viviendas, cuya tasación catastral esté por encima de la media. En esta situación se encuentran otros 13 municipios de la provincia, entre ellos Busot, Xixona, La Nucía o Sant Joan.
Si la tasación se efectuó entre 2008 y 2011 también quedarían afectadas la mitad de las viviendas de mayor valor, pero el incremento del impuesto sería del 4%. Hay 23 municipios en este supuesto, entre los que destacan El Campello, Mutxamel o Torrevieja, según los citados datos del Catastro.
De esta forma, como se desprende de los datos aportados por SUMA Gestión Tributaria y publicados por la Dirección General del Catastro, más de la mitad de los municipios de la provincia (el 65%) realizó su última revisión catastral antes de 2002, lo que significa que tendrán que aplicar una subida del 10%.
En los años de mayor expansión inmobiliaria, únicamente un 9% de los municipios sometió a su parque de viviendas a la revisión del catastro. Estas quedarán exentas de la subida, pero no ocurrirá lo mismo con los inmuebles de uso no residencial, a los que sí les será de aplicación.
Una reforma "excepcional"
El nuevo Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, justificó la subida del impuesto alegando que era una medida "transitoria y excepcional" porque sólo se aplicaría durante 2012 y 2013 con la finalidad de aliviar la situación de las depauperadas arcas públicas. Y es que el IBI es el principal tributo que abonan los ciudadanos y se ha convertido en la gallina de los huevos de oro a la que acuden las administraciones para recaudar dinero y hacer frente a sus obligaciones.
Pese a ello, algunos Ayuntamientos de la provincia, como el de Alicante, se habían comprometido a no aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos para no perjudicarles más en unos tiempos donde la crisis y el desempleo asfixian a muchas familias. Sin embargo, la mayoría de ellos se verán obligados a hacerlo, en mayor o menor medida, porque la decisión del gobierno tiene rango de ley y prevalece sobre las ordenanzas municipales.
No obstante, fuentes de los departamentos recaudatorios señalaron a este diario que el decreto estatal deja algunos flecos que deberán ir concretándose para aplicar la subida en el tipo impositivo de este tributo, tal y como se refleja en la norma aprobada por el Consejo de Ministros, en la que se establece que el Gobierno "dictará cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Real Decreto-Ley".
