La Conselleria de Justicia y Bienestar Social ha anunciado esta tarde la firma de un acuerdo de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supone la supresión de 35 de los 103 puestos de trabajo de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito (FAVIDE).
Según acaba de anunciar la Conselleria en un comunicado remitido a EFE, esta reestructuración supone reducir el número de oficinas de atención a víctimas de delitos de las 48 actuales a 16, tiene un coste inicial de 190.000 euros y junto a la reducción de salarios (de entre un 30 y un 40 por ciento), supondrá para la Generalitat un ahorro de un millón de euros.
La Conselleria asegura que los dieciséis puntos de Encuentro Familiar que hasta ahora gestionaba FAVIDE pasan a ser asumidos por la Dirección General de Familia y Mujer y quedan excluidos del ERE.
Desde Justicia y Bienestar Social se valora que pese a la reducción del número de sedes, la Comunitat Valenciana seguirá siendo la autonomía con la red de Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD) más extensa de España, seguida por Andalucía y Castilla y León, con diez oficinas.
De las OAVD que quedarán en marcha, siete estarán en la provincia de Alicante (en Alcoy, Alicante, Benidorm, Denia, Elche, Orihuela y Torrevieja), seis en Valencia (Alzira, Requena, Gandia, Paterna, Torrent y Valencia) y tres en Castellón (Castellón, Vinaroz y Vila-real).
Los criterios aplicados para el cierre de OAVD han sido que estén ubicadas en un partido judicial con menos de siete juzgados y que no tengan juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Según la Generalitat, tras la negociación con los representantes de los trabajadores y con la finalidad de reducir el impacto en el número de afectados, se han añadido dos criterios de selección a los anteriores, de manera que también han sido excluidas del ERE aquellas oficinas que cuenten con un Juzgado Penal, que es el caso de Vinaroz, y aquellas que cuenten con un representante de los trabajadores, requisito que cumplen las OAVD de Alcoy y Requena.
Por otra parte, la fundación reducirá los salarios de los trabajadores que permanezcan en sus puestos entre un 30% y un 40%, adecuándose las nóminas de la gerencia al compromiso adoptado por el Consell para que ningún responsable de fundación o empresa pública pueda percibir un salario superior al de un director general de la Generalitat.
Las oficinas centrales de la fundación se trasladarán a instalaciones que no supongan gastos de alquiler para la Generalitat.
