La Fiscalía General del Estado, a través del Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, ha abierto una investigación para determinar la posible comisión de un delito contra el Medio Ambiente por la reducción y posible eliminación del tratamiento terciario en las depuradoras valencianas aprobado por la Generalitat para ahorrar costes. La ley obliga a reducir los nitratos y el fósforo de las aguas depuradas cuando el vertido afecta a zonas "sensibles", entre las que se encuentran todas las zonas húmedas y espacios naturales protegidos costeros declarados por la propia Generalitat y el Gobierno de la nación. El déficit en la eliminación de nitratos y fósforo, que solo puede evitarse con el tratamiento terciario impide a los ríos lagunas costeras y bahías recuperar los niveles de oxígeno en sus aguas y consolidar la vegetación subacuática. El pasado 14 de diciembre la Fiscalía remitió un oficio a diversos organismos del Consell solicitándoles información sobre el funcionamiento de las depuradoras que aplican el tratamiento terciario.