Las parcelas que el Ayuntamiento de Alicante tiene previsto ceder a la Generalitat para que, a su vez, las destine a la construcción de centros concertados por parte de empresas privadas, están situadas en zonas alejadas tanto de las pedanías como del sur de la ciudad. La denuncia parte de los integrantes de la Plataforma en defensa de la escuela pública, quienes aseveran que, la política del PP de ceder suelo público a empresas privadas "seguirá sin resolver el déficit de plazas escolares en la ciudad de Alicante", como señala Francisco García.
Representantes de los padres de alumnos a través de la Fapa Enric Valor, de los profesores con los sindicatos STEPV, CC OO y Fete-UGT, de los vecinos en el Consejo Escolar Municipal y de la oposición política -EU, Compromís y PSOE-, se concentraron ayer por la mañana ante las puertas del Ayuntamiento de Alicante, como también por la tarde en otras localidades de la provincia, para mostrar su rechazo a la política educativa de los nuevos CIS, Centros de Iniciativa Social, y mañana harán lo propio numerosos claustros de colegios e institutos en su última reunión del año antes de las vacaciones de Navidad.
La demanda de plazas escolares está perfectamente identificada -aseveran en el colectivo- "pero las parcelas se ofrecen donde puede haber posibilidad de negocio por las expectativas de crecimiento urbanístico y no donde hacen falta aulas públicas". García insiste en que el ejemplo "más claro" de por qué los CIS (Centros de Iniciativa Social) no resolverán el problema educativo es la ciudad de Alicante. "Se propone ceder suelo donde ya hay saturación de matrícula -las parcelas identificadas por la concejalía de Educación se sitúan en los terrenos que ocupan las actuales prefabricadas del colegio Manjón Cervantes o en los que ocuparon las del Pedro Duque, ambas en el área de los distritos del Pla-Carolinas-Garbinet- pero eso desequilibrará la oferta en esta zona sin que se atienda la demanda de aulas públicas detectada en el Consejo Escolar Municipal, como son el área de las playas y de las pedanías".
Siguen pendientes en la ciudad los colegios número 55 de las playas y el número 56 en las pedanías., "que nunca atenderá la iniciativa social porque no están en áreas de negocio, pero que la concejalía de Educación tiene la obligación de cubrir", abundó otro de los portavoces de la plataforma, Ismael Vicedo.
Tocados con los típicos gorros de Papá Noel para identificarse con las fiestas navideñas, los representantes de los colectivos defensores de la enseñanza pública desplegaron una gran pancarta en la que podía leerse: "Nuestro suelo para nuestra escuela. Por la dignidad y el futuro". Y lo hicieron a las puertas del Ayuntamiento para llamar la atención de los gobernantes municipales ante quienes desde la oposición presentarán en el próximo pleno de mañana día 23, una moción que rechaza la cesión de suelo a las empresas privadas para concertar colegios, elaborada por la propia Plataforma para buena parte de las localidades de la provincia.
El plazo que se han puesto a sí mismos para presentar mociones en plenos y rechazar los CIS a través de los claustros de centros públicos es el próximo día 21 de enero, en que han convocado una manifestación general para defender la enseñanza pública. "No queremos que el resto de ediles salgan con la misma prisa que el de Alicante a ofrecer parcelas a la empresa privada desatendiendo su obligación que es la pública".
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANía
El recurso de la EpC en inglés cuesta 3.000 euros al perder el Consell"Que el expresidente Camps y el exconseller Font de Mora paguen su capricho jurídico y la tozudez de haber recurrido ante los tribunales para que la asignatura de Educación para la Ciudadanía se impartiera en inglés en todos los centros". Los delegados sindicales de CC OO, a quienes ayer el Tribunal Supremo daba definitivamente la razón al desestimar el recurso presentado por la Generalitat en 2009 contra la sentencia del TSJCV (Tribunal Superior de Justicia Valenciana), que ya anuló la orden del Consell que obligaba a dar EpC en inglés, consideran además que este nuevo fallo jurídico "descalifica definitivamente las locuras de Camps y Font de Mora" porque actuaron "ilegalmente" y abogan porque paguen las costas: 3.000 euros. V. B.
