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Exredactor del Plan General

Cantallops admite ante el juez presiones en la redacción del PGOU

Testifica que recibió indicaciones expresas de Urbanismo, que dirigía la actual alcaldesa, de dejar fuera Rabasa

 07:40  

J. A. MARTÍNEZ / S. LLINARES El arquitecto catalán Lluís Cantallops, exredactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, declaró ayer ante el juez que investiga presuntas irregularidades en la confección del Plan que recibió "presiones indirectas" en la elaboración del documento y reconoció que su despido se produjo porque no se entendía con el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.

El exregidor cesó a Cantallops a principios de 2006 tras varios encontronazos entre ambos por en la redacción del documento. Una de las diferencias insalvables fue el Plan Rabasa, ya que el exredactor del PGOU se opuso en todo momento a que esta macrourbanización se tramitara al margen del planeamiento urbanístico de la ciudad. A preguntas de los periodistas sobre cómo le llegaban esas "presiones indirectas", el arquitecto no entró en detalles. "El proceso de un plan general es muy complejo y hay continuas relaciones entre los técnicos que lo redactan y los del Ayuntamiento, y ahí había indicaciones por parte de unos y contrapropuestas de otros", manifestó Cantallops dejando claro que en ningún caso las citadas presiones procedieron de técnicos municipales. Respecto a los motivos de su cese, por los que también preguntado en su comparencia ante el juez, admitió que vinieron dados porque "no nos entendíamos", en referencia a Alperi.

Lo que sí reconoció sin ningún tipo de dudas es que recibió la indicación expresa desde el área de Urbanismo, que por entonces dirigía la alcaldesa, Sonia Castedo, de dejar fuera del planeamiento urbanístico de la ciudad el plan Rabasa -que preveía 14.500 viviendas a desarrollar por Enrique Ortiz- y otro con unas 14.000 viviendas para 30.000 habitantes en los lindes con Xixona, concretamente en la partida del Monnegre.
El juez que investiga la pieza desgajada de Brugal relativa a supuestos amaños del PGOU de Alicante citó ayer, entre otros, a Lluís Cantallops en calidad de testigo para indagar sobre si el nuevo planeamiento urbanístico de Alicante, redactado ahora por otro equipo distinto dirigido por el arquitecto Jesús Quesada -imputado en esta causa-, perseguía favorecer intereses de empresarios concretos. En el procedimiento están imputados, entre otros, el hermano de la alcaldesa de la ciudad, José Luis Castedo, y su socio en el despacho de abogados Salvetti, el exedil socialista Javier Gutiérrez, por presunto aprovechamiento de información privilegiada para favorecer a empresarios, entre ellos Ortiz, a través de la resolución de las alegaciones previo pago de las mismas, según la investigación policial.

Fuentes judiciales indicaron ayer que Cantallops precisó ante el juez que las relaciones con el Ayuntamiento eran fluidas hasta el año 2003, cuando pasó a ser edil de Urbanismo la actual alcaldesa. El arquitecto catalán negó ante los periodistas haber recibido indicaciones para beneficiar al empresario Enrique Ortiz, imputado también en la causa. "Yo al señor Ortiz no lo conocía, pero sé que era el propietario de una de las zonas que estaban en el PGOU", señaló.

Al respecto, el abogado de EU, José Luis Romero, que ejerce la acusación particular en esta causa, indicó que "a efectos de lo que preocupa para la investigación y el interés general, el Plan que se redacta por Quesada y el que propuso Cantallops son planes distintos; no se contrató un nuevo equipo para terminar lo anterior, sino para hacer otra cosa. Lo más importante de este testimonio es que ha quedado claro que Cantallops presentó un PGOU completo que murió por inanición, ya que no hubo indicaciones políticas de que siguiera", precisó Romero. Recordó que Cantallops preveía un crecimiento de 25.000 viviendas en diez años mientras que el plan de Quesada calcula 108.000 en 26 años.

Desde las defensas de los imputados, entre los que se encuentran los socios de Salvetti, se alegó que el cese de Cantallops vino motivado porque se le pidió que solventara unas deficiencias del plan que el arquitecto presupuestó sin que el Ayuntamiento nunca más volviera a pronunciare sobre este tema.

Las disputas entre Cantallops y Alperi fueron públicas. El exregidor llegó a convocar una rueda de prensa en mayo de 2005 para machacar al exredactor del plan, del que dijo que sólo había hecho "chapuza tras chapuza" y que su trabajo al frente del PGOU parecía realizado "por estudiantes del último curso de Arquitectura", palabras que pronunció diez meses antes de hacer oficial su despido y anunciar que Jesús Quesada le relevaría al frente de la redacción del documento urbanístico más importante de la ciudad.

Tras la declaración de Lluís Cantallops ante el juez Manrique Tejada, que duró algo más de una hora, le tocó el turno al arquitecto municipal Miguel Ángel Cano, que en esos momentos era jefe del Servicios de Planeamiento y Gestión. Cano declaró durante casi tres horas y media.
Según ha podido saber este diario, el técnico aseguró al juez que el socio del hermano de la alcaldesa, el exedil Gutiérez, asistía a reuniones en la que se hablaba del PGOU en calidad de miembro del esquipo de Laboratorios y Proyectos de Jesús Quesada, redactor del Plan, no así el hermano de Castedo, quien nunca participó en esos actos. En lo relativo al plan Rabasa, el técnico explicó al juez que la ley permite que se tramitara como independencia del PGOU pero quiso dejar claro que él no lo informó y que quién lo hizo fue una persona expresamente elegida para hacerlo.

A preguntas sobre si los socios de Salvetti resolvían las alegaciones que ellos mismos tramitaban, tal y como sostiene la investigación policial, Cano explicó que al Ayuntamiento llegaba la solución del equipo redactor en su conjunto sin precisar nada más. El técnico confirmó la existencia de los proyectos que aparecen en la investigación -y que nunca se llevaron a cabo- como la Ciudad de la Economía en la zona de Agua Amarga y el área comercial junto al estadio Rico Pérez, infraestructuras sobre las que se basa parte de las supuestas irregularidades investigadas.

Miguel Ángel Cano fue uno de los técnicos degradados por la alcaldesa durante su etapa como edil de Urbanismo. En su declaración, dijo desconocer los motivos de su rebaja de cargo, aunque pensó en recurrir la medida. Cano fue el arquitecto técnico municipal con más responsabilidad durante muchos años, hasta que fue reemplazado por otra funcionaria interina.


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