El primer redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Lluís Cantallops, ha aclarado hoy que los técnicos del ayuntamiento de la ciudad no han ejercido "presión alguna" sobre su trabajo en el diseño del planeamiento urbanístico entre 1999 y 2005.
Cantallops declaró ayer en calidad de testigo ante el juez de Alicante que investiga las supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU de la ciudad (una de las piezas separadas del caso Brugal), donde confesó que había recibido "presiones indirectas" aunque no de los técnicos.
"Ningún técnico municipal ha ejercido presión alguna, ni directa ni indirecta, sobre mi propuesta de Plan General de Alicante de 2005", ha afirmado el arquitecto barcelonés, quien ha insistido en que su relación con los técnicos siempre ha sido "impecable".
En cambio, en su declaración ante el juez, el exredactor del PGOU sí que explicó que la actual alcaldesa de Alicante y en aquella etapa concejal de Urbanismo, Sonia Castedo (PP), le pidió por carta que excluyera del PGOU el plan urbanístico de Rabasa, algo que Cantallops considera "insólito".
En esta rama del Brugal se investigan los supuestos amaños en el PGOU de Alicante a favor del constructor Enrique Ortiz, uno de los imputados, y aparecen como implicados el exalcalde Díaz Alperi y su sucesora y actual regidora Sonia Castedo, ambos del PP.
