Los familiares de los presuntos niños robados durante la dictadura y la transición española en la provincia de Alicante se concentraron ayer frente al Hospital General de Alicante para denunciar que, a su juicio, hay falta de colaboración de la Conselleria en la entrega de los historiales médicos de los recién nacidos. Los afectados, arropados bajo el paraguas de la Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares (ANADIR) siguen recogiendo firmas para elevar la causa a la Unión Europea y que se agilicen las exhumaciones previstas en la provincia y las pruebas de ADN. La protesta contó ayer con el apoyo del PSOE y de UPyD.

Afectados por el caso de los bebés robados afirman que el fiscal coordinador de las denuncias en la provincia ha retrasado hasta en tres ocasiones la fecha de apertura de las fosas, que se hará ahora en enero, y que está prevista en los cementerios de Alicante y Alcoy. "Con lo único que nos encontramos es con multitud de denuncias archivadas y la imposibilidad de conseguir las pruebas documentales necesarias al tener parte de nuestros datos desaparecidos o en registros inaccesibles", denuncia Maria José Picó, quien busca a su hermana.

Los afectados han renovado sus fuerzas con una nueva campaña de denuncias bajo el lema "Todos los niños robados son también mis niños", a propuesta de la familia Luque Delgado y su portavoz, Soledad Duque Delgado.