La Federación Provincial de Comunidades de Regantes y la organización agraria Asaja exigieron ayer al próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ponga orden entre Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Murcia creando una Dirección General del Agua, formada por técnicos independientes, para decidir sobre el reparto del agua en España y, en concreto, los desembalses del Tajo-Segura. Infraestructura que vuelve a estar amenazada por el recurso presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha y por el aumento del caudal ecológico del río aprobado por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Dos decisiones que vuelven a levantar en armas al campo alicantino.
Ayer, el portavoz de la Federación Provincial de Regantes, Ángel Urbina, recordó, coincidiendo con la celebración esta semana del aniversario del referéndum que ratificó la Constitución, que el artículo 149 apartado 22 deja claro que el Estado es el que tiene las competencias para "legislar, ordenar y conceder los recursos hidráulicos, y las aguas que discurren por más de una comunidad autónoma". Urbina instó a Rajoy a poner orden entre los senadores, diputados y representantes públicos "de todos los colores para que dejen de marear con un trasvase que es fundamental para el desarrollo de una parte de España. Directamente, del agua del Tajo dependen 50.000 hectáreas y 35.000 familias en el sur de Alicante, que acaba en Pilar de la Horadada". Urbina aconsejó, por otra parte, a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que "no siga el ejemplo de Bono y Barreda, que quisieron hacerse importantes atacando el trasvase".
Por su parte, el presidente de la organización agraria Asaja-Alicante, Eladio Aniorte, recordó que "el trasvase Tajo-Segura lleva funcionando a la perfección durante 30 años, y sólo ha generado riqueza a las dos partes porque la autonomía manchega también obtiene beneficios de las cesiones. De hecho, el agua se ha encarecido y ahora se aporta a los manchegos mucho dinero, ya que el caudal se paga caro. Antes el metro cúbico nos costaba 0,14 euros, ahora ya pagamos más de 0,20 euros. También el Vinalopó necesita los recursos del Júcar".
Aniorte apuntó que "esperamos que en Castilla La Mancha se percaten de que no pueden pasarse la vida amenazando con que nos van a quitar el agua. Tampoco pueden interponer un litigio cada vez que el Gobierno apruebe un traspaso de agua. Espero que se den cuenta de que no se puede ser tan cansino".
En este sentido, el presidente de Asaja felicitó al Tribunal Supremo por la decisión adoptada respecto a la anulación del recurso interpuesto por Castilla La Mancha para anular las demarcaciones hidrográficas contempladas en el Real Decreto de 2007, en especial, en lo referido a los ríos Segura y Júcar. Aniorte consideró que "de este modo se nos da la razón en la defensa de que el agua y los ríos no pertenecen a las autonomías en las que nacen". Ni siquiera -enfatizó Aniorte- cuando discurren sólo por una misma comunidad autónoma "les puede pertenecer el agua". Las competencias en esta materia deben corresponder al Estado para reducir la conflictividad entre los territorios.
El agua del Tajo resulta clave para garantizar el futuro social y económico de Alicante. No en vano cualquier recorte comprometería el abastecimiento de 1.576.000 personas, la continuidad de 110.000 empresas y miles de empleos que generan un PIB de 74.800 millones de euros, según datos que la Universidad de Alicante y Coepa.
El PSOE denuncia que el Consell elimina las ayudas al campo
La portavoz de Agricultura, Ganadería y Pesca del grupo socialista en las Cortes, Vicenta Crespo, denunció ayer que el Consell ha eliminado del presupuesto de la Generalitat para 2012 "el objetivo básico de modernización de las explotaciones agrarias y ha suprimido las principales líneas de actuación", que se basaban en "incentivar, con ayudas, la primera instalación de jóvenes y también las inversiones en explotaciones agrarias". Crespo lamentó en un comunicado que para el presidente Fabra "no es prioritario ni la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos ni la realización de planes de mejora y modernización de las explotaciones agrarias". En este sentido, Crespo criticó que el Consell "haya contrapuesto esa incompresible actitud con la de la UE, cuya política de desarrollo rural apuesta por esas dos medidas centradas en los jóvenes y en las zonas de cultivo, para permitir una mayor competitividad que ofrezca mejores condiciones de vida y trabajo para los jóvenes".
